España acapara el 67% de los experimentos al aire libre y el 90% de los terrenos con organismos genéticamente modificados de todo Europa, donde ni insectos exterminadores, ni olas de frío, ni sequías prolongadas es lo que preocupa.
La plaga que ha conseguido acabar con las semillas transgénicas en casi toda Europa no ha sido otra que el rechazo creciente de una sociedad y una clase política mejor informada que rechaza los organismos genéticamente modificados (OGM).
España, donde los sucesivos gobiernos han respaldado siempre a la industria de la biotecnología, sobrevive a contracorriente como la última esperanza europea de un sector que, con las excepciones de EEUU y Canadá, obtiene potenciales beneficios de los países en vías de desarrollo.
Pero en España, lejos de la tendencia del resto del continente, los terrenos con cultivos transgénicos aumentan en un 19% con respecto al año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, elevándose al total a 138.543 hectáreas en total, lo que suponen más del 90% de todo el sembrado genéticamente modificado de toda la UE. El 10% sobrante se divide en pequeños campos de Portugal, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, con apenas repercusión en el mercado internacional. El resto de Estados miembros se abstienen.
Hace menos de un mes, Monsanto, el mayor fabricante mundial de semillas transgénicas del mundo, anunciaba su decisión de retirar todas las solicitudes para nuevos cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea, donde la legislación contra los OGM es muy restrictiva, y lo hacía, según comunicó la multinacional estadounidense, debido a la "falta de perspectivas comerciales" para la biotecnología en la región.
Y es que las cinco peticiones para plantar variedades de maíz, soja y remolacha para azúcar de Monsanto llevaban ya años a la espera de que la Comisión Europea diera el definitivo visto bueno, pero la fuerte oposición ciudadana, sumada a el veto contra los OGM de Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria, Austria y Hungría mantenían estancado el proceso de aprobación.
"La Comisión podría aprobarlas, pero es un marrón que nadie está dispuesto a asumir porque la población se les echaría encima y porque tampoco ha despertado gran interés entre los agricultores", señala Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de la ONG Amigos de la Tierra.
Hace un año y medio, también la empresa química alemana BASF renunció a desarrollar cosechas transgénicas en Europa y trasladó sus operaciones de investigación a Estados Unidos ante la falta de apoyo de los países comunitarios.
La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), que reúne a entidades que desarrollan actividades de biotecnología en España, considera a este respecto que las prohibiciones de algunos países a los OGM son "ilegales" puesto que la competencia en la decisión no es suya, sino de la Comisión y no de los estados en particular. "No es de recibo obstaculizar el progreso de los agricultores privándoles de la libertad para aumentar la producción. Los que proponen la prohibición del cultivo deberían añadir a quién van a privar del alimento o qué espacios naturales proponen roturar como consecuencia de sus propuestas", sostienen.
Hay un interés detrás por demostrar que los cultivos transgénicos están en crecimiento constante y que están siendo aceptados por los agricultores", señala Luis Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace.
Ferreirim asegura que el número de hectáreas cultivadas publicadas por el Ministerio son sólo "estimaciones" que no se corresponden con la realidad, puesto que se basan en datos de ventas de semillas proporcionados por la misma industria. "No todas las semillas se utilizan, las hectáreas reales son muchas menos", asegura.
Los grupos ecologistas llevan años demandando al Gobierno que haga un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan transgénicos, tal y como ordena una directiva europea.
Su principal denuncia es que al desconocerse esta información, los agricultores convencionales no pueden prevenir una hipotética contaminación procedente de las siembras genéticamente modificadas.
Muchas de ellas son cultivos en fase todavía de experimentación que se realizan al aire libre. "Estamos hablando de plantas a las que se les han insertado otros genes y que no se sabe cómo reaccionarán. Además se polinizan fácilmente", sostiene Ruibal, sin mencionar que la posibilidad de contaminación es muy remota, dado que las semillas vienen con unos genes que hacen que tras la fecundación, el fruto no sea viable para producir nueva semilla.
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