Las 17 responsabilidades

Las cifras de deuda de algunas autonomías han llegado a alcanzar cifras del 13 % con respecto a sus propios PIB. Unos datos comprometidos a ojos de las agencias de calificación, quienes no desaprovechan la ocasión para recordar la cota máxima que puede alcanzar la deuda pública por ejercicio según la UE: un 3%. España, en su constitución de ‘Estado de Autonomías’, muchas de las competencias en materia fiscal y económica quedan bajo las directrices de los ejecutivos regionales. Una responsabilidad que no exime al gobierno centra. Por ello, el Ejecutivo se ha marcado su particular reválida: pasar a registrar porcentajes de deuda de un 12 a un 3% en tres años. Sin embargo, quienes examinan son otros y el último comunicado del FMI es de todo menos alentador: “España no cumplirá sus niveles de deuda en 2011 y 2012”.

¿Son realistas o pecan de optimismo las previsiones de nuestro país? Lo cierto es que las autonomías parten de un presupuesto mermado por el gasto que conllevan la Sanidad y la Educación (competencias de los gobiernos regionales): el 70% del total. A ello se le debe sumar los salarios de los trabajadores públicos y demás gastos en los que las Administraciones participan. Se estima que casi 2.000 empresas en nuestro país dependen en una parte de ellas. La cesión de competencias a los gobiernos regionales ha obligado a la constitución de un mayor número de compañías que posibiliten el desarrollo de esos servicios. Consecuentemente, la deuda también se ha disparado. De hecho, por poner un ejemplo, la deuda se ha disparado en los últimos tres años hasta los 7.000 millones en comunidades como Cataluña o Andalucía (quienes controlan un tercio de todas las entidades públicas de nuestro país). La crítica a este punto llega en si son necesarias tal cantidad de entidades o sencillamente se han creado por motivos ajenos a la optimización que siempre se busca.

No obstante, lo que verdaderamente urge y debe ocupar más es el cumplimiento de los plazos. Una situación financiera con unos niveles de deuda descompensados supone un gran riesgo a medio plazo. Y, precisamente, es ese riesgo el que penalizan esas agencias de calificación cada vez que publican un nuevo rating, con una calificación que genera más inestabilidad y desconfianza en los mercados. Si la bola de deuda sigue creciendo, las Administraciones autonómicas pueden perder su solvencia ante las deudas (su capacidad para afrontar los pagos a quienes deben dinero). Por el momento, las Comunidades han proyectado un aumento en 32.000 millones más (casi un 4% del PIB) para así poder seguir financiando sus necesidades. Llegados a este punto, emitirían más deuda que ingresos perciben.

De aquí que se exija la inmediatez de las medidas desde todos los organismos económicos. ¿Cómo van a poder, entonces, cumplir con los plazos marcados? Si es que lo consiguen, será a merced de la inversión y de recortar al máximo sus ya maltrechas cuentas. El problema llega cuando debe ser una obligación, y no una sencilla necesidad. Un Estado que se excede en la deuda que emite se aboca a la falta de solvencia y al colapso financiero.