El apagón incrementó el gasto en gas un 39% y generó pérdidas de hasta 1.500 millones

El apagón del 28 de abril de 2025 ha tenido consecuencias económicas significativas para los consumidores españoles, con un aumento del gasto en gas que alcanza el 39%. Este incremento se traduce en unos sobrecostes estimados entre 422 y 1.500 millones de euros, según el último informe de la red Gas No Es Solución, que forma parte de Greenpeace. El documento, titulado «Anuario crítico del gas fósil del Estado español», revela que el consumo de gas en 2025 creció un 6,2% respecto al año anterior, impulsado principalmente por el uso del sistema eléctrico.

Las emisiones generadas por este sistema también se dispararon, con un aumento del 16% en comparación con 2024. La dependencia energética de Estados Unidos ha crecido, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor de gas fósil para España, solo por detrás de Argelia. Este cambio no es considerado una estrategia de transición hacia energías más limpias, sino más bien una sustitución de dependencias que refuerza un modelo energético basado en combustibles fósiles.

Aumento del uso de ciclos combinados

El estudio destaca que la activación del llamado «mercado reforzado» tras el apagón llevó a un mayor uso de ciclos combinados para la generación eléctrica. Esto resultó en un incremento notable en la generación eléctrica a partir de gas, lo que ha llevado a cuestionar la viabilidad y sostenibilidad del actual modelo energético. La red Gas No Es Solución aboga por eliminar gradualmente el gas fósil del sistema eléctrico para mitigar estos impactos negativos.

Además, el informe subraya cómo el 100% del gas importado desde Estados Unidos en 2025 provino de terminales vinculadas al fracking, una técnica prohibida en España debido a sus graves repercusiones ambientales y sociales. Empresas como Naturgy, Endesa y Repsol son mencionadas como cómplices en este contexto, lo que genera preocupaciones sobre la ética y sostenibilidad del suministro energético actual.

Riesgos asociados al Reglamento Europeo del Metano

El informe también advierte sobre los riesgos relacionados con la transposición del Reglamento Europeo del Metano (EUMR). Las fugas asociadas a proveedores como EE. UU. y Argelia han aumentado entre 2024 y 2025, lo que resalta la necesidad urgente de aplicar regulaciones efectivas y asegurar la trazabilidad en las importaciones mediante un registro público detallado.

Un caso emblemático mencionado es el de la regasificadora de El Musel en Gijón. Presentada como una infraestructura clave para la seguridad energética europea, su funcionamiento ha estado marcado por ineficiencias: más del 80% del gas descargado se destina al mercado interno y casi todos los metaneros recibidos provienen de Estados Unidos. Este sobredimensionamiento pone de manifiesto las deficiencias estructurales dentro del sistema gasista español.

Nuevas infraestructuras y falsas soluciones

El análisis también evalúa las nuevas infraestructuras propuestas como alternativas al gas fósil, incluyendo biogás y biometano. Sin criterios estrictos, estas opciones corren el riesgo de convertirse en mecanismos que prolonguen la vida útil de la red gasista sin contribuir realmente a una desgasificación efectiva. Para evitar esto, se sugiere que el Sello de Excelencia de Biometano propuesto por el Gobierno tenga valor regulatorio y sea obligatorio para acceder a financiación pública.

Dada esta situación crítica, las organizaciones que forman parte de Gas No Es Solución exigen medidas contundentes: prohibir las importaciones de gas proveniente del fracking, detener nuevas inversiones en infraestructuras gasistas y establecer un marco regulatorio sólido para acelerar la eliminación progresiva del gas fósil antes de 2035.

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