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El Gobierno crea una agencia independiente para combatir la corrupción

El Gobierno crea una agencia independiente para combatir la corrupción
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(Foto: La Moncloa)
Por Redacción
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contactohorapuntacom/8/8/18
martes 17 de febrero de 2026, 22:27h
Actualizado el: 18 de febrero de 2026, 01:00h

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El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que incluye 84 medidas para combatir la corrupción, especialmente en la contratación pública. Esta iniciativa, anunciada tras el caso Koldo, busca aumentar la transparencia y el control sobre las donaciones a partidos políticos, así como crear una agencia independiente para coordinar la protección de los intereses financieros de la UE. Entre las principales reformas se destaca la ampliación del plazo de inhabilitación para empresas condenadas por corrupción y el endurecimiento de las obligaciones de auditoría para los partidos políticos. La vicepresidenta María Jesús Montero confía en obtener el apoyo parlamentario necesario para su tramitación antes del final de la legislatura.

El Gobierno ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al aprobar el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública. Esta iniciativa, que busca modificar un total de 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, tiene como objetivo principal reforzar los mecanismos de control en la contratación pública.

La nueva legislación se inscribe dentro del plan estatal de lucha contra la corrupción, anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio del año pasado. Este anuncio se produjo durante su intervención en el Congreso, donde abordó el caso Koldo, tras la detención provisional de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el texto es una ley "muy ambiciosa" que incluye un total de 84 medidas diseñadas para aumentar la transparencia y endurecer los controles y sanciones.

Novedades del proyecto de ley

Entre las principales modificaciones propuestas destaca la creación de un registro público accesible que incluya a las empresas prohibidas para contratar con la administración. Asimismo, se amplía el periodo durante el cual las empresas condenadas por corrupción no podrán acceder a contratos públicos ni recibir subvenciones, pasando de 15 a 20 años.

La reforma también introduce cambios significativos en las obligaciones de los partidos políticos. A partir de ahora, deberán notificar todas las donaciones que superen los 2.500 euros, reduciendo considerablemente el umbral anterior de 25.000 euros. Estas comunicaciones deberán realizarse mensualmente y los partidos estarán obligados a someter sus cuentas a auditorías externas, con un régimen sancionador más estricto ante posibles incumplimientos.

En cuanto al ámbito penal, el anteproyecto propone extender el plazo de prescripción para delitos de corrupción, aumentando este periodo de cinco a siete años. Para facilitar la recuperación del dinero malversado, se fortalecerá la oficina encargada de gestionar activos y se ampliará la capacidad del Estado para incautar bienes desde el inicio de las investigaciones. Se incluyen herramientas como el "decomiso sin condena" y el decomiso por "riqueza no justificada".

Crea una agencia independiente

Una medida relevante es la creación de una agencia independiente de integridad pública, respuesta a una demanda planteada por Sumar. Este nuevo organismo centralizará funciones actualmente dispersas y será responsable de coordinar la protección frente al fraude relacionado con los intereses financieros de la Unión Europea. Además, garantizará el anonimato a denunciantes y podrá llevar a cabo pruebas administrativas antes que los casos lleguen a los juzgados.

A pesar del contexto complicado para obtener apoyos parlamentarios debido al avanzado estado legislativo, Montero ha manifestado su confianza en que los grupos políticos respaldarán esta iniciativa. El objetivo del Gobierno es aprobar el proyecto y enviarlo al Congreso antes del verano, iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre y lograr su publicación en el Boletín Oficial del Estado antes del final de la legislatura prevista para mediados de 2027. La vicepresidenta recordó que Sánchez tiene intención de agotar su mandato.

La noticia en cifras

Cifra Descripción
84 Número total de medidas incluidas en la ley anticorrupción.
18 Número de normas que serán modificadas por el anteproyecto de ley.
20 Años durante los cuales las empresas condenadas por corrupción no podrán contratar con el sector público.
2,500 Umbral a partir del cual las donaciones a partidos políticos deben ser notificadas.
5 a 7 Aumento del plazo de prescripción de los delitos de corrupción.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué medidas incluye la nueva ley anticorrupción aprobada por el Gobierno?

La nueva ley incluye 84 medidas, entre las que se encuentran la creación de una agencia independiente, un registro público de empresas con prohibiciones para contratar con la administración y una mayor transparencia en las donaciones a partidos políticos.

¿Cuáles son las principales novedades de este proyecto de ley?

Entre las novedades destacan la publicación del registro de empresas prohibidas para contratar con la administración, el aumento del plazo durante el cual estas empresas no podrán contratar (de 15 a 20 años), y el endurecimiento de las obligaciones de los partidos políticos respecto a las donaciones y auditorías externas.

¿Qué cambios se realizan en el ámbito penal con esta ley?

El anteproyecto amplía el plazo de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años y refuerza la oficina de recuperación y gestión de activos, permitiendo incautar bienes desde el inicio de la investigación.

¿Qué es la agencia independiente de integridad pública?

Es un nuevo organismo que coordinará funciones relacionadas con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude y garantizará el anonimato de los denunciantes.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno respecto a esta ley?

El objetivo es aprobar el proyecto para remitirlo al Congreso antes del verano, iniciar su tramitación en septiembre y lograr su publicación antes del final de la legislatura, prevista para mediados de 2027.

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