Un juez de Tarragona ha decidido imputar a Cristóbal Montoro, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar. La acusación se basa en la presunta ilegalidad de favorecer a empresas gasísticas mientras ocupaba un cargo en el Consejo de Ministros.
La investigación, que había permanecido bajo secreto durante siete años, ha sido desvelada recientemente, revelando implicaciones significativas para uno de los ministros más destacados del mandato de Rajoy. En total, 28 personas están presuntamente involucradas en esta trama, enfrentándose a cargos que incluyen cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental.
Perfiles de los implicados
Entre los acusados se encuentran varios altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. A continuación se detallan algunos de sus perfiles:
- Cristóbal Montoro Romero: Ministro de Hacienda entre 2000-2004 con Aznar y entre 2011-2018 con Rajoy. El juez sostiene que utilizó su posición para legislar en beneficio del despacho Equipo Económico (EE), creado por él antes de su entrada al gobierno. Se indica que "ocupó el cargo en los años en los que se tramitaron las normas de referencia", ejerciendo funciones decisivas.
- Miguel Ferré Navarrete: Secretario de Hacienda entre 2011-2016, nombrado por Montoro. Su relación con EE es evidente, ya que tuvo un papel crucial en la elaboración de textos legislativos que favorecían a las gasísticas.
- Pilar Platero Sanz: Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011-2016. También vinculada a EE, habría participado activamente en la redacción normativa que beneficiaba a las empresas gasísticas.
- Felipe Martínez Rico: Subsecretario de Hacienda y Función Pública desde 2016. Al igual que sus predecesores, participó en la elaboración normativa favorable a estas empresas.
- Diego Martín-Abril Calvo: Director General de Tributos entre 2012 y 2016. Su implicación se evidencia mediante correos electrónicos que sugieren su participación activa en la tramitación legislativa favorable a las gasísticas.
- José Alberto García Valera: Director General de Tributos entre 2016 y 2018. Su carrera incluye una controversia tras ser socio de EY, consultora involucrada en los hechos investigados.
- Óscar del Amo Galán: Subdirector General de Tributos Locales desde 2011. Participó en la modificación legislativa tras reuniones con representantes gasísticos.
- Rogelio Menéndez Menéndez: Asesor del gabinete del Ministro entre 2013 y 2015. Estuvo presente en reuniones clave relacionadas con las intenciones legislativas hacia las gasísticas.
- José María Buenaventura Zabala: Director del gabinete del secretario de Estado de Hacienda desde 2012. Se reunió con las gasísticas para discutir artículos legislativos beneficiosos para ellas.
- Santiago Menéndez Menéndez: Director General AEAT desde junio de 2013 hasta junio de 2018. Recibió pagos relacionados con EE durante su mandato.
Socios y administradores implicados
Aparte de los altos funcionarios mencionados, el auto judicial también menciona a varios socios y administradores del despacho EE, quienes supuestamente utilizaron sus influencias para obtener modificaciones legislativas favorables a cambio de compensaciones económicas.
- Ricardo Martínez Rico: Hermano de Felipe Martínez Rico y presidente ejecutivo fundador de Equipo Económico desde 2008.
- Manuel De Vicente Tutor Rodríguez: Socio director con experiencia previa en la Agencia Tributaria.
- Salvador Mariano Ruiz Gallud: Exdirector general de la Agencia Tributaria y actual socio director del Área Fiscal en EE.
- Francisco Piedras Camacho: Socio director con antecedentes como director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.
- Covadonga Gómez Garrido: Trabajadora administrativa en EE involucrada directamente con facturación relacionada con las operaciones investigadas.
A su vez, el juez ha identificado individuos que habrían accedido a pagar a Equipo Económico por reformas legislativas específicas motivadas por intereses económicos personales o empresariales.
- Patrick Emmanuel Jozon: Director general en Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012; mencionado en correos analizados sobre contrataciones con EE.
- Teresa Rasero Guerrero: Presidenta del Consejo AIR LIQUIDE ESPAÑA; participó activamente en reuniones clave relacionadas con la contratación del despacho EE.
- Jorge Pedrazuela Prieto: Director contable e impositivo cuya presencia fue notable en reuniones relevantes sobre legislación tributaria local.
- Eduardo Gil Elejoste: Presidente actual de Nippon Gases Europe; también estuvo involucrado en negociaciones sobre contrataciones con EE.
A medida que avanza esta compleja trama judicial, el caso Montoro sigue revelando conexiones significativas entre altos funcionarios gubernamentales y empresas privadas, lo cual podría tener repercusiones importantes para todos los implicados.
Preguntas sobre la noticia
¿Quién es Cristóbal Montoro?
Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, y ha sido imputado por presuntamente favorecer a empresas gasísticas durante su mandato.
¿Cuántas personas están imputadas en el 'caso Montoro'?
En total, 28 personas están imputadas en la trama relacionada con el caso Montoro, incluyendo varios exaltos cargos del Ministerio de Hacienda.
¿Qué delitos se les imputan a los involucrados?
Los imputados enfrentan acusaciones de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental.
¿Qué relación tienen los imputados con el despacho Equipo Económico?
Varios de los imputados son socios o administradores del despacho Equipo Económico, que supuestamente utilizó sus influencias para obtener modificaciones legislativas favorables a sus clientes.
¿Qué papel desempeñó Miguel Ferré Navarrete en la trama?
Miguel Ferré fue secretario de Hacienda y está implicado en la modificación de textos legales que beneficiaron a las empresas gasísticas.
¿Qué evidencia existe sobre la participación de los imputados?
Se han intervenido correos electrónicos que evidencian la comunicación entre los imputados y las empresas gasísticas, así como reuniones donde se discutieron modificaciones legislativas.