Por una jubilación mejor

Sugerir esa remodelación, no obstante, es para otros tantos una idea muy difícil de digerir. Desde que Maura generase en nuestro país un sistema de servicio social público que se enfrentase a los miedos comunistas y anarquistas de aquel entonces, se ha ido generando una sociedad acomodada en la seguridad y que rehúye del riesgo, esquivando cualquier principio de estímulo o competitividad. O lo que es lo mismo, para el romano paladín, se ha creado una “cultura de dependencia del Estado”. ¿Qué significado tiene esto? Entre otros, una mayor intervención del Estado en la esfera privada, una reducción de la libertad y, en el peor de los casos, una racionalización de la cultura dirigida desde las élites gobernantes.
¿Cómo se ve traducida esta cultura al caso de las pensiones? Se ve reflejada en su propia composición: la de un sistema de pensiones retributivo muy dado a las malas gestiones. Por ello, muchas son las voces (liberales, en su mayoría) que sugieren “renovarlo y mejorarlo”. ¿Cómo? Traduciéndolo en un sistema de ahorro en donde se contemple no sólo la función subsidiaria actual, sino también una reguladora que evite esas más que posibles malas gestiones o, en estos tiempos de paro, reduzca el impacto de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo).

Sin motivos no se toman decisiones ni se elige el cómo ponerlas en práctica. Por eso, más allá de centrarse en el cómo, importan tanto o más los porqués. De entre otros muchos, ¿por qué se debería seguir con un sistema que, ante la situación actual de crisis económica, las soluciones que ofrece para mejorar son subir los impuestos o bajar las pensiones? Ante esto, las alternativas buscan aportar más variables: dotar al sistema, en primer lugar, de una parte obligatoria pública de reparto (como la actual); de una segunda parte, también obligatoria, de capitalización personal (como un fondo de pensiones de carácter público); y una última y tercera de carácter voluntario.

Gracias a esos dos “soportes” añadidos se conseguirían, entre otros, aumentar el nivel de ahorro, liberar a la economía del control estatal, despolitizar el sistema de pensiones o crear un reparto más justo.