El juez archiva la causa por las muertes de ancianos en residencias y reprocha a Ayuso su "discutible protocolo"

El auto judicial no solo cierra el expediente judicial sino que también critica abiertamente el protocolo implementado por la Comunidad de Madrid para gestionar la crisis en las residencias de ancianos. El juez señala que este protocolo, que en su momento fue objeto de fuertes debates y críticas, tuvo un impacto negativo significativo en la protección de los residentes más vulnerables.

Crítica al protocolo de Ayuso

El protocolo, que incluía medidas como la derivación de ancianos a hospitales solo en casos extremos, ha sido calificado por el juez como "discutible". Esta decisión judicial destaca que, a pesar de no encontrar base suficiente para una acción penal directa, el protocolo de salud pública aplicado durante aquellos meses críticos fue inadecuado, posiblemente contribuyendo a la alta tasa de mortalidad registrada en las residencias de la región.

Impacto y reacciones

La decisión del juez ha generado una ola de reacciones. Desde sectores de la oposición política, se ha visto como una validación de sus críticas al gobierno regional. Por otro lado, algunos defensores del gobierno de Ayuso argumentan que el archivo de la causa demuestra que no hubo mala fe o negligencia criminal, sino más bien decisiones complejas tomadas en tiempos de crisis sin precedentes.

Implicaciones legales y políticas

El archivo de esta causa no cierra el debate sobre la responsabilidad en la gestión de la pandemia, especialmente en lo que respecta a las residencias de ancianos. Las críticas al protocolo podrían tener repercusiones políticas para Ayuso y su administración, especialmente en un contexto donde la gestión de la salud pública ha sido uno de los temas más sensibles y polarizantes de la política española reciente.

Además, este caso pone de relieve la complejidad de la justicia en tiempos de crisis sanitaria, donde las decisiones administrativas pueden tener consecuencias legales y humanitarias. La comunidad y las familias afectadas siguen buscando respuestas y justicia, aunque ahora por vías que no sean necesariamente penales.