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Cárcel sin fianza para Junqueras y otros siete ‘exconsellers’ de la Generalitat
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Cárcel sin fianza para Junqueras y otros siete ‘exconsellers’ de la Generalitat

viernes 03 de noviembre de 2017, 00:42h
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras, que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. Por otra parte, para Santi Vila, exconsejero de Empresa, se ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

El exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de inmediato a prisión.

Mientras que Borràs y Bassa ingresarán en la cárcel de Alcalá de Henares, Turull y Romeva irán a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Forn y Junqueras a Estremera; y Mundó y Vila a Aranjuez.

La juez ha tenido en cuenta el riesgo de fuga y el alto poder adquisitivo de los imputados, además del hecho de que sus homólogos han salido al extranjero eludiendo a la justicia, en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

“La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la juez Lamela.

Los consejeros, según el auto, han actuado "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.

Lamela también considera el riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern” y que todos ellos, según la juez, “reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Constitucional”.

Los imputados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.

Quienes no han acudido este martes a la Audiencia Nacional son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que este miércoles por la noche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales.

La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el "gobierno legítimo de Cataluña", a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español". Añadían que parte de los exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.

Sobre los Mossos

La magistrada considera que, “en la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra fue pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos”.

Señala que, incluso en algunos casos, los agentes de la policía autonómica “llegaron a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraban en el lugar”.

La declaración de independencia “llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio” que estos representaban.

Los agentes bajo el mando del cesado Josep Lluís Trapero “llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas fuerzas del orden se dirigían hacia determinados lugares”.

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