La Junta de Andalucía armoniza los intereses de la refinería Balboa con la protección de seis Espacios Naturales

La refinería Balboa es uno de los mayores proyectos industriales de la historia de Extremadura, pues pretende ser la décima refinería de petróleo de España, utilizando para ello, de acuerdo a su propia página web, http://www.grupoag.es/refineriabalboa/empresa/empresa.php, equipos modernos y procesos de última generación que superan en eficiencia a los empleados actualmente.

Este proyecto se ubicará en la Sierra de San Jorge, Badajoz, pero para su funcionamiento necesita un oleoducto para el suministro de crudo desde el Puerto de Huelva que tendría una longitud de unos 200 kilómetros y discurrirá por al menos 6 Parques.

Debido a su trazado, por afectar a más de una Comunidad Autónoma y por otros motivos, el órgano encargado de aprobar su Declaración de Impacto Ambiental es el propio Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, el cual lleva mucho tiempo, desde el 2005 que se iniciara el trámite, exigiendo nuevos estudios a la empresa, de lo cual la empresa lleva quejándose meses.

Sin embargo la Junta de Andalucía en una intento de meter presión en la resolución del asunto no duda en afirmar que “no ve que deba ser muy difícil armonizar los intereses de la empresa”, aunque posteriormente aclare que es el citado ministerio el que debe resolverlo.

En otra desafortunada frase afirma que “los Parques Naturales son patrimonio de todos”, lo que no dice es que precisamente por ser patrimonio de todos, es necesario un examen muy riguroso de todo aquello que se quiera implantar en el entorno de los mismos, de tal forma que existe una sección en la legislación de Impacto Ambiental referida a aquellas actividades que afecten a la Red Natura 2000.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente añade para intentar zanjar el asunto que su consejería “ha hecho los deberes” al realizar los correspondientes informes sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la empresa si quiere realizar el oleoducto.

Mientras tanto, en Extremadura, UGT, CC.OO. y la Confederación Regional Empresarial Extremeña reclaman al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que resuelva “con urgencia” el expediente de Impacto Ambiental del proyecto debido a que lo consideran de “suma importancia para la región” por el desarrollo económico y el empleo que supondrá.

Por ello, las tres organizaciones remitieron una carta a la actual ministra del Ministerio de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, para solicitar una agilización del proceso que ha pasado desde 2005 por las manos de otras dos ministras, Cristina Narbona, Elena Espinosa, sin que se acelerara el proceso.

En ella, manifestaron además su incomprensión por la dilatación de la aprobación del proyecto y recordaron la “necesidad” para la economía regional de proyectos similares, ya que Extremadura cuenta con muy poco tejido industrial y una tasa de desempleo del 24%.

También destacaron la baja densidad de población de la región y su baja renta per cápita que es una de las más bajas de España.

Si a esto le suma la preocupación por los cambios en la política agraria comunitaria que en poco tiempo se fijarán y que la región es muy dependiente de la PAC y de fondos europeos, no es de extrañar la preocupación de la patronal y de los sindicatos.

Asimismo, tanto la patronal como los sindicatos extremeños tampoco han dudado en enviar una carta a José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, para darle su apoyo en la tramitación del proyecto y expresar su deseo de que su jefe del Ejecutivo autonómico sea el que lidere la resolución del proyecto que tanto les preocupa.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de un cuarto grupo, la Plataforma Ciudadana “Refinería No” que afirma que el proyecto no se ha retrasado por falta de voluntad política tal y como sugieren las otras dos partes, sino por condicionantes a tantos niveles (sociales, jurídicos, técnicos y medioambientales) que han obligado al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino a estudiarlo con el nivel de detalle que le corresponde.

Los portavoces de este colectivo, Leonardo Clemente y Diego Díaz Grajera, así lo han afirmado en una rueda de prensa en Mérida, como respuesta a los comentarios del Grupo Gallardo en los que aseguran la viabilidad del proyecto a todos los niveles.

Es más, Clemente augura que el proyecto es “inviable y está muerto” y asegura que no es cuestión de apoyo político, como pretenden afirmar el Grupo Gallardo.

Si a esto añadimos que la propia Unesco considera que el proyecto es un riesgo directo y potencial para la conservación de Doñana, pese a que la Junta niegue que pase por él, y que recomiende a España la no autorización del proyecto, pudiendo llegar a descatalogar al Parque como Patrimonio Mundial, las cosas parecen bastante claras
Y sin embargo el Grupo Gallardo, titular del proyecto, no duda en tachar al Ministerio de poco parcial al no solicitar los mismos estudios a Cepsa para su ampliación de la refinería en Huelva que dicho con sus palabras “tiene el mismo área de influencia en el puerto onubense”, pero lo que sí está claro es que cuando se trata de impactar sobre Parques Naturales, es necesario un estudio más minucioso del impacto que pueda suponer.

Lo peor es que les costaría una fortuna, si al final el Ministerio no les permite la construcción del proyecto, eso todo el mundo lo tiene en mente, pero estoy seguro que muchos amantes de la naturaleza, no sólo aprueban lo que el Ministerio les está exigiendo, sino que les gustaría que se aplicara a todo aquel que pretenda impactar sobre Espacios Naturales Protegidos.