Tras trece largas horas de negociaciones, los ministros de Economía de la eurozona han dado luz verde al segundo rescate para Grecia, cifrado en 130.000 millones de euros. Así lo anunciaba el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, destacando el margen de maniobra que este segundo rescate da a Grecia “para seguir la senda de consolidación fiscal y reformas estructurales” y que ayuda además a “preservar la estabilidad del propio país heleno y de la eurozona en su conjunto”.
Un acuerdo que, bajo los focos oficiales, aparenta blindar los intereses de los países fuertes de la eurozona y hace menos sinuoso el camino de la recuperación. Efectivamente, sí pone las cosas más fáciles con el fin de evitar un colapso griego que más tarde se convierta en pandemia. Con el nuevo escenario, la quita real de la deuda helena asciende ahora hasta el 75% tras el lobby ejercido por alemanes y holandeses sobre los acreedores privados, quienes han aceptado asumir todavía más pérdidas sobre sus títulos de deuda griega. Una maniobra estratégica que, llevada al romano paladín del bolsillo, significaría perdonar a Grecia el pago al sector privado de casi 106.000 millones de euros. Todo un pastel con guinda incluida: la renegociación de un nuevo tipo de interés de medio punto menos.
Alta confitería económica, aunque con un pequeño matiz: la receta, los cocineros y el horno están en Bruselas. Y, nunca mejor dicho, aquí quien se come el pastel es Grecia. La solidaridad que enarbola la Unión Europea tiene poco de aquel acero romano inicial. Sabiéndose más de adobe que nunca, la “gratitud” de la eurozona exige una condición: la cesión griega de su soberanía presupuestaria a la UE. Si llegase a ser de manzana el pastel, se podría llegar a decir que está épicamente envenenado. Así, para poder beneficiarse del rescate, Grecia debe aceptar la presencia y supervisión “permanente” de la UE y el Fondo Monetario Internacional en sus políticas económicas, además de modificar su Constitución para dar prioridad al arreglo de la deuda. Una imposición que, previa a ser juzgada de intolerable, ha sido adoptada también por otros países como España.
Esta renuncia a su soberanía completa así el paquete de medidas previsto en el plan de ajuste dispuesto por el gobierno heleno. Una soberanía que, fundamentada en la democracia, debería recaer teóricamente en el pueblo griego. Y, sin embargo, la mala gestión de unos pocos (sus gobernantes) ha llevado a la ciudadanía helena a hipotecar su futuro durante tres o cuatro generaciones. Fuera de los focos oficiales, y lejos de ser o no sinuoso, el camino lo que se muestra es más angosto aún que aquel desfiladero de las Termópilas.
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