Los presuntos responsables han sido absueltos por el hecho de que "no exista certeza sobre la condición de los agredidos [el que fuesen prisioneros, civiles o terroristas]", lo que supone que el tribunal territorial militar defiende así la doctrina de Bush de que los convenios de Ginebra no se aplican a los presuntos insurgentes, tal y como recoge el citado diario.
Los jueces castrenses sospechan que las víctimas podrían ser terroristas implicados en un atentado contra el centro de detención español el 27 de enero de 2004, por lo que estima que el ámbito de protección de los citados convenios sólo "alcanza a los prisioneros de guerra y al personal civil, pero en ningún caso a los terroristas".
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