El ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, presentan en Berlín el informe redactado por un grupo de trabajo que ha estudiado el actual marco legal y avanzaron una serie de propuestas que, garantizaron, respetan la normativa europea.
Destaca la pretensión de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude o abuso, como la utilización de documentos falsos; la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo; y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.
La gran coalición de Gobierno que dirige Angela Merkel quiere también endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por los niños que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.
Por otra parte, los Ministerios de Interior y de Trabajo proponen reformas en la legislación laboral para luchar contra la economía sumergida y la explotación de los trabajadores inmigrantes.
Las reformas legales irán acompañadas del apoyo financiero -200 millones de euros para asistencia técnica a las diferentes regiones-, ya que el Gobierno reconoce la importante carga que soportan en este momento ciudades hacia las que se dirigen los flujos migratorios, como Múnich, Fráncfort, Hamburgo y Duisburgo.