Así lo ha manifestado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, tras la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que participan las organizaciones ecologistas, entre otros.
En el orden del día figuraba la reforma de dicha ley respecto de la que el responsable de Greenpeace ha dicho que las ONG ambientales han criticado que el nuevo texto debilita la ordenación y resta capacidad a los agentes forestales, que no van a tener categoría de policía judicial, lo que restará, en su opinión, eficacia y capacidad de reacción inmediata.
Además, el proyecto que prepara el departamento de Cañete modifica el artículo 50 y añade a la prohibición de recalificar un terreno quemado en un incendio durante 30 años, la salvedad de que el uso o destino de dicha finca se destine a un uso de interés público, como un vertedero o un hospital. "Esto puede ser un precedente para la especulación. Nos preocupa", ha manifestado.
Por ello, ha subrayado que esta ley es obsoleta y las modificaciones, innecesarias y ha adelantado que la ONG no va ni a discutir el articulado que se permite el riesgo de privatizar el monte con la simplificación de las definiciones de montes.
Los bosques están más abandonados que nunca
Por su parte el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales (COIFT) ha reclamado un compromiso de inversión pública en el sector forestal porque los bosques están, en su opinión, "más abandonados que nunca".
Con motivo de la celebración este viernes del Día Forestal Mundial, los ingenieros exigen más inversión para cumplir el Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal y una atención especial a los fondos FEADER y FEDER 2014-2020, ante el abandono actual de los bosques "a su suerte".
En este contexto, denuncian que la inversión pública ha caído un 50% en los últimos tres años y sin incentivos fiscales o financieros que favorezcan la inversión de los propietarios forestales privados. Así, advierten de que esta reducción en la inversión pública (de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas) pone en peligro la conservación de nuestro patrimonio natural y contribuye a rebajar la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, han exigido incentivos fiscales y económicos que promuevan la gestión forestal sostenible en los bosques privados (el 60% de la superficie forestal española).
Con respecto a la Ley de Montes, cuya modificación está en tramitación, reclaman que incluya que la confección de los documentos técnicos a que se refieren los artículos 31 (Planes de Ordenación de los Recursos Forestales), 41 (Planes de restauración hidrológico forestal) y 48.3 (Plan de defensa contra incendios en zonas de alto riesgo) será dirigida y supervisada por un titulado forestal universitario tal y como se decía en una enmienda del propio Grupo Popular cuando la Ley se modificó en 2006.
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