Si la educación pública de una autonomía no garantiza el derecho de un alumno a escolarizarse en castellano, el Estado abonará el coste de su enseñanza en un centro privado, detrayendo el importe de las transferencias autonómicas de esa comunidad.
Así lo recoge la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que incluyó esta medida para "garantizar" el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela en todos los territorios del Estado, reforzando al tiempo la idea difundida por algunos partidos políticos de que el castellano es marginado en algunas comunidades autónomas con lengua propia.
Sin embargo, una de las primeras apelaciones a la misma no parece precisamente encajar en esa leyenda. Así al menos lo refleja la reclamación de una familia de Xirivella, una gran población pegada a Valencia, que ha decidido acogerse a la medida para solicitar al ministro José Ignacio Wert el coste de la escolarización de su hija en un centro concertado de otra localidad, al no haber podido escolarizarla en su lengua en ningún centro público de la suya. ¿La peculiaridad de su caso? Que la educación a la que se le ha negado el acceso es la impartida en valenciano.
Principio de igualdad
Apelando al "principio de igualdad", el padre de la niña afectada reclama al Ministerio de Cultura el abono de 17.000 euros (fruto de la suma de los gastos en concepto de matriculación, transporte y comedor) por los 4 años en que su hija se ha visto afectada por la imposibilidad de escolarizarse en valenciano en la educación pública.
Y todo al tiempo que solicita al ministerio que actúe en su caso "con igual celo, interés y resultado que presta a aquellas familias que, tan legítimamente piden que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial del Reino de España en aquellas comunidades autónomas con lengua propia".
Si (
No(
