En él se prevé la modificación del artículo 23 del Código Civil, una reforma que ha impulsado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que recientemente fue galardonado en Jerusalén con el premio Samuel Toledano y mantiene una estrecha relación con el Estado judío.
Se estima grosso modo que la mitad de la población judía de Israel, que en su conjunto supera por poco los seis millones de habitantes, es de origen ashkenazi, es decir, oriunda de Europa oriental y central, mientras que la población de origen sefardí, es decir la oriunda de la Península Ibérica, sobrepasaría muy holgadamente los dos millones.
El anuncio ha provocado un sinfín de reacciones en Israel, donde una parte considerable de la población está buscando desde hace algunos años una segunda nacionalidad europea que les permita desplazarse libremente por los países de la UE, trabajar o estudiar en la UE o disfrutar de los beneficios de ser europeos.
Si cuando comenzó el movimiento sionista, a finales del siglo XIX, los judíos que emigraban a Palestina aspiraban a olvidar sus países de origen y crear un hombre nuevo en Eretz Yisrael, en los últimos años muchos de sus descendientes están buscando la nacionalidad de sus antepasados.
No es, en absoluto, que quieran volver a las tierras de sus ancestros, sino una medida de precaución por lo que pudiera ocurrir o por las ventajas que les puede dar una segunda nacionalidad.
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