Así se expresa en el escrito de acusación, en el que pide 24 años para el juez por un delito continuado de prevaricación y otro de retardo malicioso en la Administración de Justicia.
El expresdiente de la CEOE solicita que se condene a Silva a abonar 50.000 euros como indemnización por el "daño a su honor y el sufrimiento moral" provocado por la reapertura de la causa, una cuantía que se integrará en la masa activa del concurso de acreedores. También reclama que asuma el coste de la asistencia letrada y de representación, teniendo en cuenta las costas fijadas por los Colegios de Abogados y Procuradores.
En su escrito, el ex jefe de la patronal mantiene que Silva reabrió este caso en 2012 sin que hubiera dato alguno que lo justificase, sin fundamentación jurídica y con "pleno conocimiento de la vulneración del ordenamiento jurídico que su decisión implicaba" y acusa al juez, ahora suspendido provisionalmente, de ordenar la práctica de un "gran" número de diligencias ajenas a los hechos denunciados y relativas a un amplio periodo temporal comprendido entre 2002 y 2010.
Entre ellas, quiso saber los préstamos concedidos a los "hijos, esposas, socios o empresas vinculadas" a Díaz Ferrán y al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, o sus entradas y salidas "simultáneas" de España, sin concretar periodo de tiempo alguno. Tal providencia, que hacía numerosos requerimientos al Banco de España, a la Policía, a la Agencia Tributaria o al SEPBLAC, carecía de motivación y "desbordaba manifiestamente" el objeto del crédito denunciado. "Las diligencias acordadas tenían un carácter prospectivo y genérico", añade la defensa de Díaz Ferrán.
Si (
No(
