"Los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos, al tratarse de hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles", afirma el fiscal en un escrito hecho público este viernes.
Además, el Ministerio Público pone de manifiesto que "el plazo de prescripción, de 10 años" contemplado para estos delitos en el Código Penal de 1973 "habría transcurrido con creces". Las torturas que le imputa la magistrada argentina se produjeron entre 1968 y 1975, precisa el fiscal Pedro Martínez Torrijos.
Para explicar esto último, argumenta que a pesar de que los tratados internacionales establecen que los delitos de lesa humanidad no prescriben, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que esta norma general no se puede ejecutar de forma retroactiva y, por ello, considera aplicable a este caso el Código Penal español de esa época, que fija la prescripción de las torturas en diez años.
La Fiscalía destaca, además, que Juan Antonio González Pacheco disfruta de arraigo en España "donde convive su pareja sentimental y su hija" y, sin embargo, "no tiene vinculación alguna que se conozca con el Estado que plantea la extradición".
Es contradictorio
Máximo Castex, representante de las víctimas del franquismo en la causa que busca enjuiciar en Argentina a los responsables de la dictadura, aseguraba a Público que la Fiscalía incurre en una contradicción.
"Si el fiscal admite que los crímenes de los imputados son delitos de lesa humanidad, son por lo tanto imprescriptibles, y si hay una acusación, se tiene que llevar adelante el proceso", afirma. "No pueden dar prioridad a una norma interna frente a una del derecho penal internacional".
Aunque la Fiscalía admite la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales, hace suya la consideración del Tribunal Supremo español sobre este asunto, que considera que esta norma general no puede aplicarse de forma retroactiva.
"Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces", constataba en su dictamen, dado a conocer este viernes, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos.
"Si por un lado reconoce que se tratarían de delitos de lesa humanidad, estos son imprescriptibles, por lo que va de suyo que no tiene que meterse a analizar la retroactividad de la ley", rebate Máximo Castex.
El abogado argentino manifestó su extrañeza de que la Fiscalía haya anticipado por escrito su dictamen, cuando se esperaba que lo hiciera directamente en la vista pública que se celebrará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el juez Pablo Ruz decidirá si autoriza la extradición de Billy el Niño y del ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados en Argentina del delito de torturas en el marco del genocidio que perpetró la dictadura franquista.
"La Fiscalía se descubrió sola cuando se precipitó en su postura de negar la extradición ante las órdenes de detención dictadas por Servini de Cubría en septiembre de 2013", constata Castex. "Todavía no tenían la resolución misma de la jueza porque al fiscal sólo le había llegado la orden de Interpol, que es telegráfica".
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