Alberto Soteres, director general de Save the Children, y Áurea Ferreres, responsable de Incidencia Política, Sensibilización y campañas, presentaron en Madrid los datos de este informe que se enmarca en la campaña "Y a mí, ¿quién me rescata?" y denuncian que "las iniciativas tomadas hasta el momento son insuficientes" y exigen al Estado que "cumpla con su obligación" y "adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de la infancia en España".
"Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños. Seguimos estando a la cola de la UE en inversión en infancia", explica Soteres.
El director de la organización ha añadido que "el fondo extraordinario de 17 millones anunciado por el Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil, aunque es bienvenido, es insuficiente y existen otras reformas y políticas en curso que están mermando, de manera directa o indirecta, los recursos destinados a la infancia o que están debilitando las economías familiares".
A lo que Áura Ferreras ha añadido que falta por saber "el desglose de ese fondo" y que "las ayudas vienen fragmentadas y no responden a las reclamaciones, si hay algo que no se puede tocar ni en momentos de crisis son las partidas dedicadas a la infancia".
Y es que actualmente el porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media europea, cuando España se sitúa en el octavo puesto de la Unión con mayor tasa de pobreza infantil, tras de Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia, Italia e Irlanda.