06/10/2025@20:10:10
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la ausencia de un registro público de objetores en la región, argumentando que "no se debe perseguir ni señalar a nadie" por sus decisiones profesionales respecto al aborto. A pesar de que solo cuatro comunidades autónomas carecen de este registro, Ayuso sostiene que estigmatizar a los profesionales no es propio de una democracia liberal. Sin embargo, el acceso al registro es limitado y solo está disponible para los responsables de los centros sanitarios. Las organizaciones feministas critican esta situación, señalando que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas debido a la falta de recursos en la sanidad pública. El Gobierno busca revertir esta tendencia para garantizar el derecho al aborto en el sistema público sin desigualdades.
