Tal y como ha desvelado el confidencial mil21, el administrador de la emisora afirmó a los empleados que no debían preocuparse y que se comunicarán con Albert Castillón. Según De la Rúa, éste presuntamente tenía intenciones de dirigir el conjunto de radios bajo el respaldo de un reconocido empresario.
Las multas de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal podrían ser acaparadas, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones.
