El Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha autorizado la publicación del libro 'El odio', en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos. La Fiscalía de Menores había solicitado su paralización tras el pedido de Ruth Ortiz, madre de los niños, pero el juez consideró que no existían pruebas suficientes para justificar la medida cautelar. A pesar de las preocupaciones sobre el derecho al honor y la intimidad, se determinó que no se podía evaluar el contenido del libro ni su impacto en estos derechos. La editorial Anagrama había suspendido previamente la publicación, programada para el 26 de marzo, a la espera de una decisión judicial. Este caso ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión y los derechos de las víctimas.
Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, garantizando la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Este concepto se adapta a los desafíos tecnológicos actuales, asegurando que los derechos fundamentales se protejan con la misma eficacia en el ámbito digital que en el físico. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, abordando temas como la protección de menores, la igualdad y no discriminación, así como la privacidad y seguridad en línea. En España, se ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover estos derechos y adaptarlos a nuevas realidades tecnológicas.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha calificado de "incomprensible" la intención del PSOE de eliminar la acusación popular, un avance clave en la justicia democrática. Santiago argumenta que esta figura ha sido fundamental para perseguir delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando las instituciones no actúan. Su crítica surge tras la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular, justificándola como una medida para proteger derechos fundamentales. Santiago aboga por una reforma judicial profunda en lugar de limitar este mecanismo esencial para la justicia.
Desde el comienzo de la campaña electoral, ocho periodistas han sido detenidos en diferentes estados de Venezuela, acusados de «terrorismo» e «incitación al odio». Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado enérgicamente la represión del régimen de Nicolás Maduro contra los profesionales de la información.
El Tribunal Supremo entiende que la persona demandada estuvo amparada por la libertad de expresión, teniendo en cuenta que no imputó al afectado la comisión de hechos o episodios concretos de violencia machista o abuso sexual.
La ONU insta a Rusia a poner fin a la represión de los periodistas, donde sus encarcelaciones, bajo diversos cargos penales, aumentan; también calificó de "muy preocupantes" los continuos ataques a la libertad de expresión y la criminalización del periodismo independiente en Rusia.
Con los recientes cambios gubernamentales que se están implementando, la industria cultural en Europa se enfrenta a tiempos difíciles.
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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión y una multa de 1.080 euros a dos hombres por un delito contra la dignidad de las personas, tras insultar a otra persona en un bar de Madrid con expresiones homofóbicas como "maricón" y "maricón de mierda". Además, los condenados recibirán una inhabilitación especial de tres años y medio para ejercer profesiones educativas y deberán pagar 500 euros a la víctima. La sentencia destaca que estas ofensas constituyen un menoscabo a la integridad moral por motivos de orientación sexual, rechazando el argumento de libertad de expresión en este contexto.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido remitir un comunicado del abogado de Juana Rivas al Colegio de Abogados de Granada para su evaluación por la comisión de ética. La Sala de Gobierno considera que el contenido del comunicado, que incluye ataques personales e institucionales a una magistrada, no es razonable ni proporcionado para el ejercicio del derecho de defensa. Además, subrayan la importancia de la crítica judicial en un Estado de Derecho, pero enfatizan que ciertas expresiones en el comunicado menoscaban el respeto hacia la independencia del Poder Judicial y generan desconfianza en la ciudadanía. Esta decisión se produce tras una solicitud de amparo presentada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada.
El comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, genera opiniones polarizadas: algunos lo consideran un héroe, mientras que otros lo ven como un villano.
La legislación recientemente adoptada por las autoridades afganas de facto intenta convertir a las mujeres en “sombras sin rostro ni voz” y refuerza las violaciones de sus derechos ya existentes, incluyendo la libertad de circulación, expresión y derecho a vivir libres de discriminación, advierte la dependencia de la ONU que vela por las garantías fundamentales.
El Tribunal Superior del Reino Unido concedió a Julian Assange el derecho a recurrir su extradición a Estados Unidos, donde corre el riesgo de ser encarcelado de por vida por haber publicado información clasificada. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha aplaudido esta decisión, que proporciona al editor de WikiLeaks una última oportunidad para frenar su extradición ante la Justicia británica y para refutar las garantías formuladas por Estados Unidos, según las cuales se beneficiaría de un juicio justo.
Denuncia ante la presidenta del Parlamento la persecución política a los trabajadores públicos: 'Hay que defenderlos de este inaceptable ataque de dos fugitivos de la justicia'.
Es de primero de asignatura policíaca: quien se beneficia de un crimen es el mayor sospechoso.
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