El semanario Der Spiegel desvela que más de 50.000 habitantes de la República Democrática de Alemania fueron utilizados como conejillos de indias por los grandes consorcios farmacéuticos del mundo capitalista para probar en ellos nuevos medicamentos experimentales no aptos para ser utilizados.
Estos ciudadanos habrían sido sometidos a experimentos farmacéuticos, a menudo sin saberlo y en algunos casos llegando a perder la vida por ello, en el contexto de investigaciones y pruebas que, en este país, inevitablemente hurgan en la memoria subconsciente hasta conectarse con los experimentos de Mengele.
El semanario cita documentos del ministerio de Salud de Alemania Oriental y el Instituto alemán de los medicamentos que demostrarían que la realización de más de 600 pruebas de medicamentos en 50 clínicas hasta la caída del Muro de Berlín en 1989.
Los laboratorios ofrecían a cambio de estos “conejillos de indias” hasta 800.000 marcos alemanes (unos 400.000 euros) por cada uno de los experimentos realizados, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué casos se quedaba el dinerola Administración comunista del Estado de forma oficial y en cuáles se quedaba en el bolsillo de los responsables de los hospitales.
En la mayoría de los casos, se utilizaban pacientes que no estaban en condiciones para poder dar su consentimiento a participar en experimentos médicos, tales como la treintena de bebés prematuros sobre los cuales se probó el EPO en un hospital berlinés, y para los que no consta consentimiento de los padres, o los adictos alcohólicos en fase de delirium tremens, a quienes se les suministró Nimodipin de Bayer, que supuestamente debía servir para mejorar la circulación sanguínea cerebral pero se encontraba todavía en fase experimental.
Según estos mismos documentos, hubo pacientes que murieron a causa de tales experimentos. Uno de ellos habría muerto en Berlín a causa de pruebas no autorizadas con Trental, un producto destinado a facilitar la circulación sanguínea desarrollado por el laboratorio Hoechst, y otros dos cerca de Magdeburgo durante ensayos de un producto para la hipertensión realizados para Sandoz.
El país que cometió este tráfico con la salud de las personas ya no existe, pero es previsible que las empresas farmacéuticas que participaron en él se vean ahora obligadas a pagar cuantiosísimas indemnizaciones que no podrán hacernos olvidar la vileza con la que trataron a seres humanos inocentes.
De todas maneras, ¿qué es la salud de unos pocos al lado de los ingentes beneficios económicos que pudieran obtener si el medicamento funcionaba? o ¿qué se puede esperar de algunas industrias que primero hacían armas para después pasarse a la farmacéutica y que lejos de cuidar seres vivos de los que dependemos para mantener la agricultura, venden productos no seguros para la apicultura?