Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), ha denunciado que el Partido Popular y los propietarios de las centrales nucleares están presentando como un interés público una cuestión económica al proponer la extensión de la vida útil de estas instalaciones. Según estas organizaciones, esta iniciativa implica trasladar los costes y riesgos a la ciudadanía. La denuncia se produce tras la decisión del Congreso de admitir a trámite la propuesta de ley del PP sobre el alargamiento de la vida de las nucleares.
“Lamentamos que ciertos partidos políticos, aliados con las grandes eléctricas, estén reconsiderando su calendario pactado para el cierre de centrales. Instamos al Gobierno a que mantenga su compromiso tanto con el fin de las nucleares como con la transición energética, buscando una solución que garantice la seguridad energética, la sostenibilidad y un control sobre los costes en las facturas”, afirmó Cristina Rois, portavoz del MIA. Esta organización subrayó también la necesidad urgente de contar con un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y mejorar el sistema actual basado en combustibles fósiles y energía nuclear.
Controversia en torno a la política energética
La propuesta legislativa busca limitar la capacidad del Gobierno para definir políticas energéticas, dejándola bajo el control de las empresas nucleares. Además, pretende dar continuidad a las plantas nucleares sin establecer una fecha concreta para su cierre, dependiendo únicamente del criterio de los operadores o del Consejo de Seguridad Nuclear. También se plantea modificar el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para evitar asumir una mayor cantidad de residuos radiactivos durante un periodo arbitrario de diez años, sin especificar cómo se financiará esta gestión.
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos recientes por parte de Endesa e Iberdrola, principales propietarios de centrales nucleares, quienes habían presentado propuestas similares centradas en la central de Almaraz, aunque esta fue descartada temporalmente por el Gobierno.
Críticas desde el ámbito ecologista
“El espectáculo político presenciado ayer en el Congreso no puede ocultar una realidad innegable: prolongar la vida útil de viejas plantas nucleares es inviable sin realizar enormes inversiones. Como evidenció el reciente apagón, la existencia misma de estas grandes instalaciones operativas limita hace que nuestro sistema eléctrico sea más frágil y dependiente”, destacó Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra la Energía Nuclear en Greenpeace. El activista también enfatizó que “los costes asociados al alargamiento y a la gestión de residuos deben ser asumidos por las empresas propietarias, no por los usuarios o contribuyentes”.
“La propuesta legislativa presentada es un claro reflejo del servilismo político hacia las grandes empresas eléctricas. No solo reduce las garantías en términos de seguridad operativa en las centrales, sino que además abre la puerta al gasto desmedido para rescatar un sector nuclear ya ruinoso”, comentó Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Andaluz expresó su preocupación ante la posibilidad de que las eléctricas intenten evadir regulaciones solicitando prórrogas breves.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organizaciones están denunciando la ley pronuclear propuesta por el Congreso?
Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) son las organizaciones que han denunciado la ley pronuclear.
¿Cuál es la principal preocupación sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares?
Las organizaciones expresan que esta extensión se presenta como un interés público, pero en realidad es un asunto económico que carga los costes y riesgos sobre la ciudadanía.
¿Qué implica la propuesta de ley del Partido Popular respecto a la política energética?
La propuesta pretende limitar la capacidad de los Gobiernos para establecer la política energética, dejándola bajo control de las empresas nucleares y permitiendo que las plantas nucleares continúen operando sin una fecha clara de cierre.
¿Cuáles son los riesgos asociados con alargar la vida de las plantas nucleares según Greenpeace?
Greenpeace señala que alargar la vida de las viejas plantas nucleares no puede garantizarse con seguridad sin enormes inversiones y que esto hace que el sistema eléctrico sea más frágil.
¿Qué opinan sobre el principio 'quien contamina paga' en relación a los costes del alargamiento nuclear?
Se exige que los costes del alargamiento y de los residuos sean asumidos por las empresas propietarias, no por los usuarios o contribuyentes.
¿Cuál es el mensaje final de Javier Andaluz sobre la propuesta de ley?
Javier Andaluz critica que la propuesta muestra el servilismo de algunos políticos hacia grandes empresas eléctricas y abre la puerta a gastos excesivos para salvar el sector nuclear, además de reducir garantías de seguridad.
Si (
No(
