La jornada de hoy en los juzgados ha estado marcada por la tensión y la frustración de los familiares de las 7.291 víctimas que fallecieron en residencias de Madrid durante la pandemia. Estos familiares, que llevaban años esperando el momento de escuchar a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se han visto obligados a seguir esperando debido a una suspensión administrativa de las declaraciones.
Las comparecencias estaban programadas para este lunes y debían incluir a Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez, todos ellos imputados por su relación con lo que se conoce como los 'protocolos de la vergüenza'. Sin embargo, la jueza Inés Durántez decidió suspender las declaraciones porque no todos los imputados habían sido debidamente notificados, lo que podría generar alegaciones de indefensión en el futuro.
Situación judicial incierta
A las 12:00 del mediodía, los ex altos cargos estaban citados para declarar en calidad de investigados en los Juzgados de Plaza Castilla. La situación se complicó aún más con la suspensión también de la declaración de un conductor de ambulancias solicitada por la Fiscalía. Esta decisión ha sido interpretada por los abogados de las víctimas como una maniobra dilatoria.
El Ministerio Público había solicitado que estos tres miembros del Gobierno regional fueran considerados investigados por un presunto delito relacionado con la denegación discriminatoria del servicio sanitario. Esto surge tras una nueva denuncia colectiva presentada por 109 familiares de ancianos que fallecieron en residencias durante la crisis sanitaria, quienes no pudieron ser trasladados a hospitales debido a estas directrices polémicas.
Demandas y reproches en el juzgado
En medio del caos judicial, Antonio Burgueño, quien fue asesor y propuso tratar a enfermos en residencias, fue recibido con gritos y reproches al llegar al juzgado. A pesar de su intento por dar explicaciones, se mostró visiblemente afectado. En contraste, Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, evitó cualquier contacto visual mientras ingresaba al recinto judicial.
Los protocolos cuestionados fueron elaborados por Javier Peromingo, quien defendió su contenido afirmando que no eran discriminatorios. No obstante, los familiares continúan exigiendo respuestas y justicia, convencidos de que hubo órdenes superiores detrás de estas decisiones fatídicas. Las asociaciones defensoras han señalado claramente que estos protocolos reflejan una “discriminación clarísima” basada en la edad y el hecho de vivir en una residencia.
Contradicciones previas y nuevas revelaciones
A lo largo del día, se ha revelado que tanto Mur como Peromingo están implicados en otras querellas ya admitidas a trámite. Cabe recordar que ambos ya habían declarado anteriormente como testigos en 2021, donde sus versiones presentaron numerosas contradicciones. En aquella ocasión coincidieron únicamente en afirmar que el protocolo no debía aplicarse obligatoriamente, sino que era una serie de recomendaciones.
Mientras Mur describió el protocolo como “una guía”, Peromingo argumentó estar en desacuerdo con algunos aspectos del mismo. Esta falta de consenso entre ellos sobre cómo manejar situaciones críticas durante la pandemia solo añade más complejidad al caso actual y resalta las deficiencias en la gestión sanitaria durante uno de los momentos más críticos para el país.
Preguntas sobre la noticia
¿Por qué se suspendieron las declaraciones de los altos cargos de Ayuso?
Las declaraciones fueron suspendidas debido a un fallo administrativo, ya que no todos los imputados estaban notificados de la denuncia ni del auto de incoación de diligencias.
¿Quiénes son los altos cargos implicados en el caso?
Los altos cargos implicados son Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes están siendo investigados por su papel en los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia.
¿Qué son los 'protocolos de la vergüenza'?
Los 'protocolos de la vergüenza' se refieren a las directrices establecidas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que supuestamente llevaron a la denegación del traslado a hospitales de ancianos en residencias durante la pandemia, lo que resultó en numerosas muertes.
¿Qué reclaman los familiares de las víctimas?
Los familiares de las 7.291 víctimas exigen justicia y respuestas sobre quién dio la orden de no trasladar a los ancianos a hospitales, considerándolo una clara discriminación en el acceso al servicio sanitario.
¿Qué consecuencias podría tener la suspensión de las declaraciones?
La suspensión podría llevar a que los imputados aleguen indefensión, lo que podría acarrear nulidad en futuras actuaciones judiciales relacionadas con el caso.
Si (
No(
