Animados por la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que organizará la también llamada Vía Catalana el próximo 11 de septiembre, y coordinados por el Casal Català de Pekín, los participantes habrían viajado conjuntamente en autobús hasta uno de los tramos de la Gran Muralla para reivindicar su causa.
"Por supuesto, no quisimos ser menos", explicaba el presidente del Casal Català de Pekín, quien se mostró satisfecho por la asistencia "y más debido al número de catalanes que viven en la capital china y en las fechas que se ha realizado la iniciativa".
El encuentro llevado a cabo en la capital china se enmarca en la "Vía Internacional", un conjunto de cadenas humanas -más de 90 en todo el mundo- que los catalanes en el exterior están organizando para dar a conocer el proceso soberanista.
A falta de 11 días para la Diada de Cataluña, la ANC ha informado que ya son más de 300.000 personas las que se han inscrito en Catalunya a fin de cubrir los 400 kilómetros que la cadena debe tener para unir, de punta a punta, el territorio catalán, pasando por 86 municipios.
30 millones es poca cosa
En otro orden de eventos, el diputado de ERC en el Congreso Alfred Bosch ha defendido este sábado que el Govern dedique recursos económicos a organizar el referéndum ilegal separatista para asegurar que ésta sea fiable.
En declaraciones a los medios, ha mantenido que se trata de una partida "modestísima" pero necesaria para que la organización de la consulta funcione, como se haría con cualquier otra votación, ha precisado.
Bosch ha sostenido que ERC no teme que la líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, tome acciones legales contra el apoyo económico de la Generalitat a la consulta: "Si hiciéramos caso a las amenazas del PP, que hizo unos cuantos cada día, no haríamos más que preocuparnos", ha expresado.
El republicano ha pedido a Camacho que convenza a sus compañeros del PP en el Gobierno para que paguen a Cataluña los 8.000 millones que le deben y así "no tener que arañar las sobras para hacer lo que pide la gente" que reclama mantener los servicios sociales públicos y el derecho a decidir, ha asegurado.
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