El Ministerio de Consumo está promoviendo una nueva regulación para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como se ha denunciado tras el accidente de tren en Adamuz. Esta medida forma parte del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible y busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas en circunstancias críticas. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre los precios, garantizando así la protección de los consumidores. Además, se recuerda a los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario sus derechos, incluyendo el acceso a transporte alternativo y reembolsos por gastos incurridos.
El Ministerio de Consumo ha incorporado una nueva regulación en el Anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, actualmente en tramitación, que busca prevenir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia. Esta medida se centra en los conocidos como precios dinámicos, que algunas empresas utilizan para ajustar sus tarifas.
Previamente, el Ministerio ya había prohibido, mediante el Real Decreto-ley de la Dana, las subidas de precios abusivas durante emergencias clasificadas bajo la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. La nueva normativa ampliará esta protección a otras circunstancias críticas.
Desde el Ministerio se recuerda que los pasajeros afectados por la suspensión de trenes tienen derecho a recibir un transporte alternativo o al reembolso de gastos razonables si no se les proporciona una alternativa adecuada.
Recientemente, el Ministerio ha recibido múltiples denuncias sobre aumentos desmedidos en los precios del transporte alternativo tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Este contexto resalta la urgencia de establecer una regulación que proteja a los consumidores ante catástrofes similares.
La nueva normativa obligará a las empresas a informar con antelación sobre la evolución dinámica de sus precios. Esto significa que deberán comunicar previamente el costo que tendrá un producto o servicio durante su periodo de venta, y no podrán superar esos precios anunciados.
El Ministerio también ha reiterado los derechos específicos de los pasajeros afectados por el incidente ferroviario. Aquellos con viajes contratados tienen derecho a:
Los afectados cuentan con un plazo de tres meses para presentar reclamaciones directamente a las compañías operadoras. Los canales disponibles incluyen:
Se solicita a los usuarios no utilizar los canales destinados a comunicaciones con familiares de pasajeros involucrados en el accidente para estos fines.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está impulsando una nueva regulación a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que prohibirá los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz.
Los pasajeros tienen derecho a un transporte alternativo sin coste adicional, al reembolso de gastos razonables si no se ofrece alternativa, y a la devolución íntegra del precio del billete si renuncian al viaje.
Los pasajeros pueden presentar reclamaciones directamente a las compañías operadoras a través de formularios en sus páginas web o contactando telefónicamente con los números proporcionados por cada compañía.
Tienen un plazo de tres meses para realizar sus reclamaciones a las compañías operadoras desde la fecha de la suspensión.