Izquierda Unida (IU) ha establecido un "límite" en la delegación de competencias estatales en materia de inmigración, enfatizando el respeto absoluto a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre migración y asilo. Esta postura surge tras la propuesta de ley que permite a la Comunidad Autónoma de Catalunya gestionar ciertas competencias en inmigración, acordada entre el PSOE y Junts. IU destaca que la autoridad estatal debe homologar los permisos de residencia para quienes se establezcan en Catalunya, asegurando así que las políticas de asilo y refugiados sigan siendo competencia exclusiva del Estado. La formación política subraya la importancia de desarrollar criterios claros para la gestión de sanciones y expulsiones, con el objetivo de consolidar un nuevo marco para la gestión de migraciones en España.
Izquierda Unida (IU) ha establecido un claro límite en la delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas, enfatizando que este debe estar fundamentado en el respeto absoluto a los derechos humanos y fundamentales, así como a los tratados internacionales relacionados con migración y asilo. Esta declaración se produce tras la presentación de la 'Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Catalunya de competencias estatales en materia de inmigración', resultado del acuerdo entre el PSOE y Junts.
La formación política ha manifestado su postura respecto a que los permisos de residencia para aquellos que deseen establecerse en Catalunya deberán ser homologados por la autoridad estatal, especialmente cuando se trate de trasladar la residencia a otras partes de España. Este aspecto fue subrayado durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde tanto la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclararon que no se está cediendo el control fronterizo a los Mossos d'Esquadra.
Desde IU se ha dejado claro que cualquier transferencia o delegación de competencias estará sujeta al cumplimiento estricto de las normativas vigentes en materia de derechos humanos. En este sentido, se recalca que las políticas relacionadas con el derecho de asilo y la atención a refugiados son competencias exclusivas del Estado.
Asimismo, Izquierda Unida ha indicado que tanto las cuestiones migratorias como las relacionadas con el asilo deben alinearse con la Constitución española y los desarrollos legislativos pertinentes, así como con las directrices establecidas por la Unión Europea.
El partido también ha señalado que uno de los principales desafíos radica en definir adecuadamente los criterios para gestionar las resoluciones sobre sanciones, particularmente en lo que respecta a expulsiones. IU sostiene que es fundamental establecer un sistema eficiente para evitar duplicidades administrativas y garantizar los derechos y garantías necesarios para las personas extranjeras titulares de permisos expedidos por la administración catalana.
A medida que esta propuesta avanza hacia el proceso parlamentario y queda abierta a posibles modificaciones, Izquierda Unida ha reiterado su compromiso con un nuevo marco para la gestión migratoria en España. Esto implica un esfuerzo conjunto para asegurar los derechos de las personas extranjeras en el país, quienes desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del Estado del bienestar y contribuyen al desarrollo económico y social.
Izquierda Unida pone como límite el respeto absoluto a los derechos humanos y fundamentales, así como a los tratados internacionales sobre migración y asilo.
La proposición busca delegar competencias estatales en materia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Catalunya, permitiendo que la Generalitat gestione ciertos aspectos, pero siempre bajo el marco del respeto a los derechos humanos y las normativas estatales.
La autoridad estatal será la encargada de homologar los permisos de residencia para personas que se establezcan en Catalunya cuando se trate de trasladar su residencia a otros lugares de España.
Izquierda Unida resalta que las políticas respecto a la gestión del derecho de asilo y refugiados son competencias exclusivas del Estado.
El principal reto es precisar los criterios para definir las competencias en materia de resoluciones sobre sanciones, especialmente en casos de expulsiones.
Izquierda Unida considera que este acuerdo es fundamental para consolidar un nuevo marco de gestión de las migraciones, garantizando los derechos de las personas extranjeras en España.