El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad el informe preceptivo al anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que califica de inconstitucionalidad varios artículos.
Entre ellos destacan la posibilidad de que la policía monte controles en vías públicas, así como identificar a quienes hayan cometido infracciones administrativas, entre otros.
También considera que los cacheos no quedan definidos en el anteproyecto, ni aprueba que sean vigilantes de seguridad quienes contribuyan a disolver manifestaciones ya que es una competencia que se atribuye a las fuerzas del orden. Además, el informe expone dudas de constitucionalidad por la potestad de identificar personas en prevención de faltas o infracciones administrativas, al igual que por el mero hecho de ir embozado.
También choca con la Constitución, a juicio de este órgano, el hecho de que se pueda denegar el pasaporte en los estados de Alarma, Excepción y del Sitio.
Los vocales han aprobado por unanimidad el documento, que ha tenido como ponentes a los vocales Wenceslao Olea y Victoria Cinto. Mercé Pigem y Concepción Sáenz han anunciado que presentarán votos particulares concurrentes con el voto mayoritario.
El ministerio del Interior tras este varapalo se ha echado atrás y ha anunciado que modificará aquellos artículos que choquen con la Constitución y eso a pesar de que el informe del CGPJ que será remitido al Gobierno, podría o no tomarlo en consideración para elaborar el proyecto de Ley que entregue a las Cortes Generales.