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sábado 24 de marzo de 2018, 06:12h

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado prisión provisional sin fianza para Jordi Turull a los exconsejeros de esa comunidad Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, y la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado prisión provisional sin fianza para Jordi Turull, que estaba previsto que mañana se sometiera a la segunda votación de investidura en el Parlamento de Cataluña; a los exconsejeros de esa comunidad Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, y la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell, procesados por un delito de rebelión y malversación, menos Forcadell, a la que solo se le atribuye el delito de rebelión.

El veredicto del magistrado se conoció pasadas las 18.15 horas de este viernes, tras una intensa jornada en la que procesó por un delito de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, a Turull y a otros 11 dirigentes independentistas por su papel en la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y por desobedecer decisiones judiciales que ordenaban no realizar esta consulta.

El juez del Tribunal Supremo cierra con esta decisión la instrucción de la causa en relación a Forcadell, Turull, Romeva, Rull y Bassa. Todo parecía indicar que finalmente el magistrado iba a decretar prisión provisional para todos ellos, tras remarcar en el auto de procesamiento que existe un "grave riesgo de fuga" de todos los encausados ante una estrategia secesionista que, a su juicio, continúa "latente" y conlleva "una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”.

l juez expone en el auto que ve riesgo de fuga y de reiteración delictiva para Turull, Forcadell, Rull, Bassa y Romeva, por lo que se agravan las medidas cautelares contra todos ellos con la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Para Llarena, las sospechas que recaían sobre todos ellos “son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados”.

“En tal coyuntura, se configura un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión”, sostiene Llarena.

Si bien los procesados han sido llamados a declarar cuando así se lo ha requerido el juez, explica, “la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”.

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