Desentenderse del control y vigilancia de las actividades delictivas de un tesorero será delito para los partidos políticos. Aparte de esta medida, que no puede ser aplicada al Caso Bárcenas, los jueces progresistas tachan a la reforma de Gallardón de retrotaernos a tiempos preconstitucionales.
El Proyecto de Código Penal, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que recibió este viernes el visto bueno del Gobierno de Rajoy, incluye un artículo que, según señalaron fuentes de Justicia, será aplicable al "representante legal o administrador" de un partido político que no establezca medidas diligentes contra esas actividades delictivas de sus subordinados que le castigarán con penas de entre 3 meses y 1 año de cárcel.
El nuevo artículo 286 seis del Proyecto de Código -que en ningún caso podrá aplicarse a situaciones pasadas, aunque se estén juzgando ahora mismo como el Caso Bárcenas- persigue "al representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de personalidad jurídica, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida".
Fuentes de Justicia admitieron este viernes que en el artículo, pensado para los incumplimientos del deber de vigilancia y control en personas jurídicas y empresas, se incluyen a los partidos políticos y se extendería al caso de un tesorero corrupto.
El nuevo artículo añade que "dentro de estas medidas de vigilancia y control se incluye la contratación, selección cuidadosa y responsable, y vigilancia del personal de inspección y control".
El Código Penal no ha entrado a concretar el delito específico de financiación ilegal de partidos políticos anunciado en agosto por el presidente Rajoy, ni otras materias como el tráfico de influencias o el cohecho, puesto que el Gobierno ha decidido negociarlas aparte con el resto de fuerzas parlamentarias dentro del paquete de medidas anticorrupción que anunciaban también este viernes.
"Nos retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución".
La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno ha suscitado críticas entre el colectivo de jueces de izquierda. Así el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirmaba este viernes que la reforma del Código Penal no se ajusta a las necesidades de la sociedad y "nos retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución".
"Alberto Ruiz-Gallardón, actúa a golpe de titular con iniciativas que consiguen llamar la atención, pero que no resuelven los problemas estructurales de la sociedad", añadía Bosch. Desde el punto de vista de Jueces para la Democracia, la reforma parte de una filosofía "autoritaria" sobre la función del Estado y del Derecho en la sociedad y pretende dar la apariencia de que se está haciendo algo.
Bosch señaló que la reforma apuesta por un endurecimiento injustificado de muchas penas, incluida la prisión permanente revisable, cuando "España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo, cuenta con el mayor número de presos por habitante y se encuentra en los niveles más elevados de cumplimiento de las condenas".
Eso por no hablar de que "criminaliza determinadas formas de disidencia pacífica", apuntaba Bosch. El portavoz de los jueces progresistas lamentó esta limitación de las libertades ciudadanas en un momento de conflictividad social en el que el Gobierno, a su juicio, debería convencer a la ciudadanía con argumentos de que sus medidas son acertadas, en lugar de utilizar el Código Penal para "reprimir determinadas formas de protesta".
Las medidas contra la corrupción, previstas en la reforma, son, en opinión de este portavoz, "una cortina de humo" quien criticaba la ausencia de un estudio riguroso sobre el origen de la corrupción en España.
Tras indicar que "la corrupción privada acaba creando corrupción pública", apostaba por actuar antes de que se produzca el problema y reclamaba una modificación de la discrecionalidad de la contratación pública y del amplio margen de maniobra de los partidos políticos, al tiempo que exigía actuaciones para impedir las donaciones millonarias de las grandes empresas y medios para que los juzgados puedan resolver los procedimientos por corrupción en unos plazos razonables.