Izquierda Unida solicita que se le imputen a Acebes y Cascos una docena de delitos por el Caso Bárcenas mientras éste, tras los últimos acontecimientos, se enclaustra en su celda y su abogado considera que se encuentra en situación de "indefensión".
La acusación popular ejercida por Izquierda Unida en el caso Bárcenas ha pedido al juez Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, y de otros 13 empresarios, entre ellos el marido de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal.
En este escrito de ampliación de la querella que presentó el pasado 28 de febrero ─ conjuntamente con la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Los Verdes y la Asociación Justicia y Libertad─ y que propició la apertura del llamado caso Bárcenas, IU calcula en 6,6 millones de euros el dinero irregular obtenido por el PP, según lo reflejado en los papeles de Bárcenas y pide también imputar por nueve delitos al gerente del PP en Galicia entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro.
A Acebes y a Álvarez Cascos, que ya declaró como testigo en esta causa el pasado 13 de agosto y al que le atribuyen la percepción de 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos siendo ministro, les considera responsables de una docena de delitos.
En concreto, reclama al juez que les tome declaración como imputados por los delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y extracciones ilegales, falsedad de fondos electorales, apropiación indebida de fondos electorales, encubrimiento y delito contable.
Sobre Álvarez Cascos destacan, además de los sobresueldos, que siendo ministro de Fomento entre 2000 y 2004, se hicieron ingresos por un total de 3,8 millones de euros, que aparecen reflejados en la supuesta contabilidad B del PP, por parte de constructores contratistas de la administración, especialmente de Fomento.
A modo de ejemplo, se señalan los pagos atribuidos a la empresa Construcciones Hispánica, que ascienden a 216.122 euros, cantidad que IU relaciona con las adjudicaciones a esta empresa en ese periodo por un total de 262.890 euros.
Sobre el ex secretario general del PP y actual líder de Foro Asturias, pide al juez que investigue las adjudicaciones para la construcción de la denominada variante de Pajares para la instalación de una línea de Alta Velocidad ferroviaria que uniera Madrid con Gijón.
De Acebes indica que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas.
Por ello, considera que "habría tenido participación directa" en la recaudación y en la aprobación de los pagos "efectuados por el PP con el dinero ilícitamente obtenido".
Bárcenas indefenso
Mientras tanto en Soto del Real, el extesorero del PP Luis Bárcenas se niega a salir de su celda tras la difusión de imágenes suyas en la prisión, ante el "temor a nuevos atentados a sus derechos". Según denuncia su abogado Javier Gómez de Liaño, que ha pedido al juez Pablo Ruz que pregunte al secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, si puede garantizar su integridad física.
En su escrito remitido este jueves a Ruz, Liaño le solicitaría al juez que requiera a Yuste para que le comunique si, "por su condición de alto responsable de la administración penitenciaria, está en condiciones de garantizar" la integridad física de su cliente.
"Esta petición se formula ante la situación que desde anteayer padece nuestro representado quien nos ha manifestado que ante lo ocurrido y ante el temor a nuevos atentados a sus derechos, no quiere salir de la celda y, por tanto, comunicar con nadie", destaca el letrado.
Liaño hace esta solicitud tras denunciar ayer en los Juzgados de Colmenar Viejo (Madrid) la grabación de un vídeo con imágenes de Bárcenas en la prisión de Soto del Real, que fue emitido por La Sexta televisión.
Por ello, el abogado del extesorero del PP pide además que se requiera a Yuste si también está en condiciones de garantizar, "además de la intimidad ya violada", la seguridad de los datos personales contenidos en el correspondiente fichero del interno y si las medidas a aplicar a un preso de sus características "se ajustan a los principios de necesidad y proporcionalidad".
Con respecto a esto último, Liaño también quiere saber si "siempre y en todo caso, se llevan a cabo con el respeto a la debida dignidad y a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todas la personas privadas de libertad".
En ese sentido, el entorno de Bárcenas denunció el miércoles que, tras la difusión de sus imágenes en prisión, el extesorero fue sometido a un cacheo integral, en el que tuvo que quedarse totalmente desnudo. La inspección se realizó el martes entre la visita que recibió de su esposa, Rosalía Iglesias, y la comunicación que esa misma tarde mantuvo con sus abogados.
En el escrito formulado hoy, el abogado también pide que el máximo responsable de Prisiones explique si está en condiciones de garantizar que la inviolabilidad de las comunicaciones de Bárcenas con su abogado está siendo respetada y en caso contrario, "cuáles son las razones o motivos que no sea así".
En concreto, solicita a Ruz que pregunte si por parte del secretario general o de otro funcionario penitenciario, se han impartido órdenes o algo similar para que los documentos de naturaleza jurídica o procesal que su defensa pretende hacerle llegar sean ojeados, "cosa que el letrado que suscribe ha podido presenciar personalmente".
Por todo ello, el abogado sostiene que "en la situación que sufre el señor Bárcenas, el derecho de defensa no puede ser ejercido con las garantías reconocidas constitucionalmente", lo que, añade, "hace extremadamente difícil el derecho a la tutela judicial efectiva".