El exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies ha asegurado en la primera sesión del juicio que en su "vida" ha hablado por teléfono con el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que recibió el chivatazo el 4 de mayo de 2006 que dio lugar al ‘Caso Faisán’.
Durante la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos Bautista ha preguntado a Pamies si el exdirector general de la Policía le llamó la noche anterior a los hechos para darle la "orden política de interrumpir la 'operación Urogallo'" contra el aparato de extorsión de ETA. "No, para nada, tampoco la habría aceptado", ha asegurado.
El mando policial, que se enfrenta ahora a hasta nueve años de cárcel por estos hechos, ha asegurado que la presencia del inspector José María Ballesteros, presunto autor del soplo junto a él, en la zona del 'Faisán' se debió únicamente a que le pidió que visitara los tres puestos fronterizos porque tenía que reunirse en Francia con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano' y temía una acción de la policía gala.
"Quien me preocupa es la Policía francesa. Tenía que hacer el traslado porque él tenía acceso a material de la organización. Si nos pillan con eso, es muy difícil explicárselo. Hacemos un pan con unas tortas", ha asegurado.
Se enteró la tarde anterior
Durante su interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora y cuarto, Pamies ha asegurado que se enteró de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA por el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo, quien le pidió el apoyo de unidades de intervención policial (UIP) a su cargo.
Por eso, llamó al jefe de la Brigada de Información Provincial de San Sebastián, Manuel Risco. "Le pregunté qué pasaba y por qué nadie me había informado de que había una operación en mi territorio. Que no se me informe no me parece lo más correcto", apuntaba después de admitir su falta de "sintonía" con el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio.
En relación con las llamadas con el jefe de Brigada en Francia, Alberto León, ha asegurado que tenían el propósito de conocer las intenciones de la Policía gala. "Quería saber si los franceses estaban en pie de guerra. Le dije '¿tú qué coñ..., perdón, tú qué sabes de esto que van a hacer? -ha señalado-. Difícilmente me podía dar ningún dato porque no lo conocía".
Trasiego de llamadas
Pamies, que llevaba 30 años destinado en el País Vasco cuando se produjo el chivatazo, ha negado que el trasiego de llamadas que mantuviera con el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y con la jefa de Sección de la citada Brigada, Teresa Herraiz, se deba a la preparación del chivatazo y se ha quejado de que toda la investigación se base en las llamadas de uno de sus teléfonos móviles.
"Todo el sumario está basado en mi móvil profesional, no se han chequeado ni dos teléfonos oficiales en mi despacho ni tres teléfonos oficiales que tengo en mi domicilio ni otro móvil que tengo a mi nombre desde el año 2000 y otros tres teléfonos prepago que tengo", ha manifestado.
También ha admitido que, tras el chivatazo, llamó al jefe del equipo investigador, Carlos Germán, para preguntarle si había identificado a alguno de sus hombres como autor del soplo y a García Hidalgo para pedirle que le echara "más narices" para impedir que todos los miembros de la Brigada participaran en una rueda de reconocimiento ante Elosua.
A preguntas de su abogada defensora, María Ponte, ha asegurado que sus superiores estaban informados puntualmente de la identidad, el estado procesal y las citas que mantenía con su confidente, al tiempo que ha hecho hincapié en que no tenía capacidad para interrumpir la operación franco-española contra el aparato de financiación de ETA.
"Ni yo ni ningún policía español tiene influencia sobre madame Le Vert (juez antiterrorista francesa), ni el presidente de la República... Le podemos bailar una jota que, como tome una decisión, es imposible hacerla cambiar", ha apostillado.
La relación con el confidente
De igual modo, Pamies explicaba a preguntas del fiscal, Carlos Bautista, que las citas con el etarra, del que sabía que tenía "problemas procesales en España", se planeaban con tiempo y que con él mantenía una relación "de confianza".
"Le conocía de mucho antes. Yo le daba dinero, le decía que tenía que hacer con la Policía francesa, él me pedía lo que necesitaba y yo se lo daba", ha dicho.
También ha explicado que tenía que acudir personalmente a esa cita porque es la práctica habitual con los confidentes. "Cuando consigues un confidente tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te buscas la vida. Van dos si es una fuente abierta, un confidente de medio pelo", ha asegurado.
En este contexto, ha negado que ordenara a Ballesteros acudir al edificio Gazteluzar de Irún, donde vivía Elosua, para darle el soplo allí, como sostienen las acusaciones. "Ni de coña", ha dicho Pamies. También ha negado que haya hablado con el dueño del Faisán desde el 4 de mayo de 2006. "He hablado con él en persona cuando he ido al Faisán a tomar algo y no sé si me sirvió él", ha señalado.
"Alucinaba en colores con la acusación"
Durante su interrogatorio, Pamies ha utilizado un lenguaje muy coloquial, hasta el punto de que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha animado a "expresarse libremente". "No nos vamos a asustar, somos mayores de edad", le ha dicho pero en otra ocasión, sin embargo, le ha pedido que no "vilipendiara" al fiscal. "Sólo le falta agredirle", ha apuntado.
Pamies ha dicho que "alucinaba en colores con la acusación" que le hacía el primer juez instructor, Baltasar Garzón, y que, de haber sabido que su teléfono estaba pinchado, "alguna que otra burrada habría soltado", ha señalado en otro.
A preguntas sobre las llamadas le ha espetado al fiscal: "Si me acordara de estos detalles que me pregunta, no sería policía, estaría dirigiendo alguna universidad".
Así empezó el ‘Caso Faisán’
El bar Faisán, en el núcleo fronterizo de Behobia, en Irún, sirvió durante dos décadas como centro neurálgico del aparato de extorsión económica de ETA, el llamado impuesto revolucionario. El 4 de mayo de 2006, la unidad de Información del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián iba a asestar un notable golpe a la red de recaudación de fondos etarra, culminando una investigación iniciada ocho años antes.
Los agentes tenían información de que el recaudador de la banda José Luis Cau Aldalur, refugiado en Francia, iba a entrar en España para que el dueño del Faisán, Joseba Elosua, le entregara nueve millones de pesetas (54.000 euros) que el día anterior había recibido este de manos del fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre, en un almuerzo en una sidrería de Oiartzun.
El despliegue policial en la localidad guipuzcoana estaba ya preparado cuando, para sorpresa de los agentes, Elosua salió disparado hacia Francia en un coche acompañado por su yerno, Carmelo Luquín. El dispositivo de seguimiento de la gendarmería francesa detectó que Elosua y Luquin se reunieron con Cau Aldalur en el bar Talotegui, de Bayona. El recaudador etarra no cruzó ese día la frontera hacia España, como estaba previsto. Tras el encuentro, de apenas media hora, el dueño del bar Faisán y su yerno regresaron a Irún.
Los agentes españoles, con autorización judicial, habían instalado en el Ford Focus de Elosua una radiobaliza que les permitió escuchar la conversación de ambos familiares tanto a la ida como a la vuelta en la que Elosua le contaba a Luquin detalles de movimientos policiales que supuestamente solo deberían conocer los agentes.
Esa misma tarde, tras leer la transcripción de la conversación, el comisario Carlos Germán, que dirigía el dispositivo contra las finanzas etarras, concluyó que se había producido un chivatazo en sus propias filas.
El “Urogallo”, nombre de la operación policial contra el aparato de extorsión, se convertía inevitablemente en el caso Faisán, sobre el chivatazo a ETA. Según el relato de hechos del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, fue el jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, el principal responsable de obstaculizar la operación.
Pamiés, estima el fiscal, buscaba impedir la detención del dirigente peneuvista Gorka Agirre. Para ello, pidió al inspector Ballesteros que entrara en el bar Faisán y facilitara a Elosua un teléfono móvil con el que comunicar a Elosua la advertencia de que Cau Aldalur no acudiera a España. Pamiés eligió a Ballesteros porque, al trabajar en la comisaría de Vitoria y estar especializado en la lucha contra el yihadismo y no contra el terrorismo etarra, no sería reconocido por los agentes de la comisaría de San Sebastián.
El escrito del fiscal señala que el 4 de mayo a las 11.23 Ballesteros entregó a Elosúa su propio teléfono móvil con el número de Pamiés ya marcado. Según el mismo relato, el jefe superior de Policía del País Vasco indicó al hostelero que Cau Aldalur no cruzara la frontera bajo ningún concepto porque sería detenido. Para hacer creíble su mensaje, Pamiés supuestamente dio a Elosua detalles de la operación policial: le dijo que le venían controlando desde hace tiempo, que sabía de la comida con Gorka Agirre del día anterior —en la que también participó el terrorista Ramón Sagarzazu— y que sabían lo de las “nueve botellas de vino”, expresión con la que los propios recaudadores etarras se referían a los nueve millones entregados por el histórico dirigente del PNV.
Tras esta comunicación, que duró ocho minutos, Elosua salió por una puerta trasera del bar hacia una lonja, situada a 200 metros del mismo, y donde los investigadores suponían que el hostelero guardaba el dinero, las cartas de extorsión y los sellos con anagramas de ETA. Durante media hora estuvo allí. Posteriormente cruzó la frontera en coche con su yerno para reunirse con Cau Aldalur.
La operación policial tuvo que posponerse hasta el 22 de junio de 2006. En esa fecha todos los integrantes de la red de extorsión fueron detenidos, pero en los registros no se hallaron ni los 54.000 euros ni cartas de ETA solicitando el impuesto revolucionario.
En su escrito provisional de conclusiones el fiscal Carlos Bautista solicita dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, incluyó como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.