SALUD

Las listas de espera en Sanidad muestran la tozuda realidad

David Rodríguez | Jueves 16 de octubre de 2014

Aunque el ministerio de Sanidad se excuse con las competencias autonómicas, los recortes presupuestarios, la pérdida de personal sanitario y la reducción de la atención han pasado una abultada factura a las listas de espera.



Y es que la demora para entrar en quirófano alcanzó al iniciarse el año una cifra récord: 571.395 personas aguardaban por una operación en toda España, un 6,4% más que en junio de 2012, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Así, en tan solo 6 míseros meses, el plazo que los pacientes esperan para operarse se ha disparado de 76 días, de media, a 100; el mayor incremento registrado desde que Sanidad iniciase el recuento de datos —que, curiosamente, no desglosa por comunidades—, en 2004.

Además, el número de pacientes que aguardan más de seis meses para ser operados se ha disparado un 7%, a pesar de que ese es el tiempo máximo que establece la ley para ser atendido en algunas patologías; y a 31 de diciembre de 2012 suponían ya el 16,5% de los que esperan.

Ese es el caso de las intervenciones de cataratas, una operación para la que la demora media es de 92 días, pero para la que el 14,76% de los pacientes que está en lista de espera ha superado ya los 180 días fijados como máximo por decreto, en 2011, para esta y otras cuatro patologías.

También está regulado el tiempo máximo de espera para colocarse una prótesis de cadera y, a pesar de ello, el 26,88% de los pacientes esperan más de los seis meses establecidos, según las cifras que el departamento de Ana Mato ha publicado en su web sin anunciarlas.

El incremento de pacientes que esperan es común a todas las especialidades quirúrgicas —excepto para cirugía torácica—, y es consecuencia, según los expertos consultados, de la reducción de las partidas de salud de Gobierno y comunidades.

Presupuestos que han perdido 6.900 millones desde 2010, el año en que empezó el tijeretazo en sanidad. “Los recortes, aunque se hayan acompañado de medidas de ahorro por ejemplo en farmacia, han derivado en una tremenda reducción de personal. Y eso está afectando gravemente al sistema”, indica Tomás Toranzo, vicesecretario del sindicato médico CESM.

En la práctica totalidad de las comunidades ya no se cubren las bajas ni las vacaciones de los profesionales. Tampoco se sustituye a los sanitarios que se han jubilado ni se ha renovado a muchos interinos que trabajaban para el sistema público.

Además, se ha reducido o han desaparecido las llamadas peonadas, es decir, las horas extra que hacían los trabajadores de la sanidad pública para cubrir la demanda. Y eso, a pesar de que se ha aumentado la jornada laboral de los profesionales y en muchas regiones se ha reordenado su horario, supone una disminución de la actividad que no se ha suplido.

“Sin profesionales, al igual que sin medios, no hay sistema sanitario que pueda dar respuesta”, dice el vicesecretario del CESM. A eso se añade que muchas autonomías han menguado los conciertos con la sanidad privada.

Competencia autonómica, la excusa perfecta

Una portavoz del departamento de Ana Mato prefirió el viernes no valorar los datos. Se justificó diciendo que el ministerio se limita a computar las cifras que le entregan las autonomías y explicó que la gestión sanitaria, y por tanto la asistencia, es competencia de las comunidades. Lo cierto es que, como las cifras no se publican por autonomías, hacer una radiografía exhaustiva es complejo. Cada región hace públicos los datos cuando considera y de una forma que en muchas ocasiones hace imposible la comparación.

La mayoría de las regiones eluden hablar de si las cifras son un efecto directo de los recortes o, como Extremadura o Andalucía, aseguran que las indicaciones de intervención quirúrgica han aumentado. En muchas de ellas, no obstante, la intensidad de las cifras ha provocado el anuncio de planes de choque, como el que se pondrá en marcha en Castilla-La Mancha —una de las regiones con las esperas más abultadas—, dotado con 15 millones de euros. Una cantidad que la oposición socialista considera escasa e insisten que alargar la espera supone que a la larga el coste de las operaciones sea mayor.


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