The New York Times publicaba ayer un documento secreto redactado en junio de 2010 por el departamento de Justicia estadounidense en el que se recogen las bases necesarias para que el asesinato en Yemen de Anwar Al Aulaki, uno de los dirigentes de Al Qaeda, se produjese dentro de la legalidad.
Así, la muerte del clérigo yemení a manos de los estadounidenses se convertiría en legal, según este documento, si el asesinato se produjese después de varios intentos de captura fallidos.
Ante los obstáculos que la legislación estadounidense presentaba en este sentido, como una orden ejecutiva que prohíbe los asesinatos selectivos, una ley federal contra el asesinato y un sinfín de referencias en la Carta de Derechos y en el Derecho Internacional, la Administración no dudó en buscar una alternativa para conseguir su objetivo redactando un memorándum aplicable solo al caso concreto de Al Aulaki, que no servirá de referencia para otros casos similares que pudiesen tener lugar en el futuro.
Esquivando las trabas de la legislación nacional e internacional, la Casa Blanca se permitió, mediante este escrito, ordenar el asesinato de un ciudadano que además de yemení era estadounidense. Como consecuencia, una parte de la opinión pública norteamericana se siente decepcionada con el sistema al ver como se ejecuta a un ciudadano contra el que ni siquiera existían cargos formales. Además, el documento no profundiza en el caso para analizar la calidad de las pruebas presentadas contra el clérigo radical ni tampoco para valorar la amenaza real que este suponía tanto para EEUU como para Yemen.
Por otro lado, la familia de Samir Khan, otro de los muertos durante el ataque aéreo que terminó con la vida de Al Aulaki, ha denunciado al Gobierno estadounidense por su modus operandi, preguntándose si “este estilo de ejecución era la única solución posible”.