El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, considera que en Greenpeace no se han leído la Ley de Costas, pues "no permite nuevas construcciones en el litoral".
Así lo ha dicho este viernes en Jaén antes de su visita a la XVI Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2013, ante las preguntas de los periodistas sobre las protestas contra la normativa protagonizadas el jueves por ocho activistas de la referida organización que llegaron a encaramarse en el tejado del Congreso de los Diputados coincidiendo con el fin de su trámite parlamentario.
"Creo que Greepeace no se ha leído la ley porque ésta es una ley que no permite nuevas construcciones en el litoral, que garantiza mucho más que no va a haber aberraciones como el tema del Algarrobico y que, además, lo que hace es dar seguridad jurídica a los que adquirieron sus viviendas antes de 1988 de buena fe, las inscribieron en el registro de la propiedad y ahora en el año 2018 verían que habría que derribarlas", ha explicado.
En su opinión, esta situación constituye un "sinsentido", razón por la que la nueva norma en "situaciones de inseguridad jurídica se les da un horizonte de seguridad", y deja claro que "se protegen mucho más las playas naturales", al tiempo que "no se permite ninguna nueva" edificación.
"No hay un solo artículo de la ley que permita nuevas construcciones en el dominio público marítimo terrestre ni en la zona de servidumbre. Por lo tanto, las afirmaciones como ésa se hacen desde la ignorancia o desde la mala fe", ha asegurado Arias Cañete.
Lo que dice Greenpeace
Durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización-dicen desde Greenpeace. La desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma, ya que, según la organización ecologista, ésta podría favorecer a intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal. La privatización que propone la Ley no supondrá beneficio alguno para el Estado o el interés público.
Greenpeace ha denunciado la falta de rigor de la reforma que quedó ayer aprobada en el Congreso. La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley: una docena de núcleos costeros que quedan exentos de cumplir la Ley de Costas (elegidos, según la organización, sin criterios conocidos); la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.
Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente reconoció a Greenpeace que “no se habían dado cuenta” de que el PP había incluido una enmienda que hubiese hecho posible legalizar el hotel del Algarrobico, pero la enmienda se modificó en el último momento.
“Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española,sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria” declaró ayer Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de la más elemental memoria económica que analice “con rigor” el coste económico de lo que va a suponer la reforma dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado, lo que provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley.
Greenpeace presentará por todo ello, una Queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la Directiva 2001/42/CE relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, la Directiva Hábitat 92/43/CEE, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva 2003/35/CE de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.