Los populares quieren así reforzar la protección a los deudores hipotecarios a través de la proposición de ley, fruto de una iniciativa popular, para regular la dación en pago.
Se amplía así el umbral de rentas para beneficiarse de medidas como la paralización durante dos años del lanzamiento de la vivienda a cinco veces el indicador de rentas Iprem para el caso de que el ejecutado sea una persona con discapacidad.
El Ejecutivo fijó que se podían beneficiar de las medidas las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad.
El límite de renta era tres veces el Iprem, y en las enmiendas populares a la norma cuando se comenzó a tramitar como proyecto de ley se elevó a cuatro veces el Iprem. Ahora, si el deudor es una persona con discapacidad, se amplía el umbral a cinco veces el citado indicador de rentas.
Además, respecto al Código de Buenas Prácticas, en el que se recoge la dación en pago, se amplía también a cinco veces el Iprem para el caso de que el deudor hipotecario sufra una discapacidad.
Para unidades familiares con discapacitados, la cuota hipotecaria sobre los ingresos totales desciende del 50% al 40%.