Con el 20-N cada vez más cerca, las líneas políticas de cada candidato se van perfilando en las diferentes materias que deberán afrontar (muchas de ellas, pendientes). Una de las más delicadas si cabe es la reforma del Ejército: si Defensa fuese una empresa, debería declararse en concurso de acreedores.
Frente a aquella línea trazada en junio en materia de defensa por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que proponía reducir el gasto de manera “importante”; el aspirante popular, Mariano Rajoy, presenta sobre la mesa un borrador ministerial completamente antagónico para la próxima legislatura: en vez de reducir, con el mismo presupuesto, optimizar el gasto en Defensa.
Manteniendo así unas cuentas que ascienden al 0´66% del PIB, lo que el político gallego sugiere es reformar el Ejército, simplificando su estructura como base para optimizar el gasto. Decíamos “delicada” al inicio y es que una de las medidas pasa por “aligerar” la cúpula de las Fuerzas Armadas, pasando en un plazo de diez años de 47.000 oficiales y suboficiales a 30.000 (lo que significaría una rebaja del 36%, más de la tercera parte del total). El porqué quizás se encuentre en la anacronía funcional del Ejército español: unas Fuerzas Armadas modernas no deberían emplear más del 50% del presupuesto en nóminas, mientras que las nacionales emplean más del 65%. El porcentaje restante quedaría para nuevas compras y mantenimiento de material, un punto que hace que las cuentas de Defensa estén en estado crítico. La deuda que acumula el Ministerio dirigido por Chacón estos últimos tres años ascienden a 26.000 millones. Un agujero que, si bien no es responsable la política catalana íntegramente de él, significaría la entrada automática en concurso de acreedores para cualquier empresa en esta misma situación.
La optimización del Ejército se plantea aparentemente necesaria, de una manera u otra. Al respecto, el borrador popular apunta a modo de conclusión la novedosa propuesta de crear un mando militar único que agrupe a los tres ejércitos en las materias comunes que ambos comparten, como la organización de las unidades de fuerza o la formación militar. En definitiva, evitar duplicidades funcionales que podrían generar un ahorro de 150 millones de euros. Una estrategia económica que, también en lo militar, busca afrontar con garantías una de las batallas más duras del Ejército español en los últimos años.