El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a las partes involucradas en el caso Begoña Gómez que presenten nuevos escritos tras el archivo de dos delitos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. La decisión afecta a los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, mientras que se mantienen las acusaciones de tráfico de influencias y malversación. Peinado ha instado a la acusación popular, la Fiscalía y la Universidad Complutense de Madrid a ajustar sus peticiones en función de estos cambios. Además, se continuará investigando al empresario Juan Carlos Barrabés en un nuevo procedimiento relacionado con adjudicaciones de contratos públicos.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción del conocido como 'caso Begoña Gómez', ha solicitado a las partes involucradas que presenten nuevos escritos en preparación para el juicio con jurado. Esta petición se produce tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que decidió archivar dos delitos relacionados con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una providencia reciente, el magistrado ha indicado que tanto Begoña Gómez como su asesora, Cristina Álvarez, continúan enfrentando acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La resolución del juez Peinado incluye la recepción del auto emitido por la Audiencia Provincial, que ha levantado las medidas cautelares impuestas a las investigadas y ha determinado que el procedimiento seguirá ante un jurado popular.
A pesar del archivo de los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, la Audiencia ha decidido que persista el proceso por los delitos mencionados anteriormente. En este contexto, el instructor ha instado a la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, así como a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a adaptar sus escritos considerando esta nueva situación jurídica.
En lo que respecta al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, el juez ha acordado continuar con su investigación dentro de un nuevo procedimiento. Esta decisión se produce tras la resolución de la Audiencia de Madrid, que optó por separarlo del juicio con jurado para analizar más detenidamente la legalidad o ilegalidad en las adjudicaciones de contratos públicos.
En su primer escrito, Hazte Oír había solicitado penas de 24 años de prisión para Gómez y 22 años para Álvarez por cuatro presuntos delitos. Por su parte, reclamaba seis años para Barrabés por dos delitos. Tanto la Fiscalía como las defensas han solicitado la absolución al no considerar que existan pruebas suficientes para demostrar los delitos imputados.
Los magistrados de la Audiencia han señalado que resulta “perfectamente verosímil sostener” que Begoña Gómez utilizó su posición como esposa del presidente del Gobierno para influir en la concesión de una cátedra en la UCM. Este proceso se llevó a cabo “de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.
Asimismo, se destacó que Gómez asumió el rol de directora “pese a no ser posible”, una irregularidad que fue subsanada posteriormente. Los jueces también apuntaron que “la sola relación de parentesco” con una figura tan relevante puede generar una “presión moral eficiente” en contextos relacionados con el delito de tráfico de influencias.
El juez ha solicitado a las partes que presenten nuevos escritos tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar dos delitos relacionados con el caso, permitiendo que el juicio continúe por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida atribuidos a Begoña Gómez.
Además de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez también está siendo investigada. Un tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, será objeto de un nuevo procedimiento separado.
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pidió 24 años de cárcel para Begoña Gómez y 22 años para Cristina Álvarez por cuatro presuntos delitos, mientras que solicitó seis años de prisión para Barrabés por dos delitos.
Begoña Gómez es la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha generado controversia en torno a su influencia en la concesión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.