David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por su implicación en un delito de prevaricación relacionado con la creación de un puesto de trabajo "a medida" en la Diputación de Badajoz. La sentencia destaca que, aunque no se encontraron pruebas directas de tráfico de influencias, sí existen indicios que sugieren que Sánchez sabía que el puesto era para él y participó en el amaño del proceso. A pesar de la condena, no se le exige devolver los más de 340.000 euros que ganó durante su tiempo en la Diputación. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, también fue condenado a 18 años de inhabilitación por delitos similares. David Sánchez planea recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La jornada de este martes estuvo marcada por la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encontraba en París cuando se conoció la sentencia que condena a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación. La noticia le sorprendió mientras asistía a un desfile militar organizado por Emmanuel Macron, y aunque no hizo declaraciones, su expresión lo decía todo.
A pesar del silencio de Sánchez, el portavoz del Gobierno, Óscar Puente, expresó que esta condena busca "derribar" al Ejecutivo ante la incapacidad de hacerlo en las urnas. Además, afirmó que esta etapa será recordada en los libros de historia como un periodo en el que se tensionaron las bases de las instituciones esenciales del país.
David Sánchez ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aunque ha sido condenado a nueve años de inhabilitación, la Audiencia Provincial de Badajoz no logró demostrar que existiera tráfico de influencias en su caso. La sentencia indica que no se pudo probar que alguien presionara para facilitar su contratación en la Diputación.
La condena se basa en su condición de "cooperador necesario" en un delito de prevaricación. Según el fallo judicial, se creó un puesto "a medida" para él y aceptó esa oferta laboral sin cuestionar su legalidad. La sentencia describe cómo se diseñó una plaza cuyo perfil nunca fue definido claramente, lo que equivale a confeccionar un "traje a medida". Sin embargo, David Sánchez negó haber tenido conocimiento sobre irregularidades durante su declaración.
A pesar de la condena por prevaricación, el tribunal no encontró pruebas directas que vincularan a David Sánchez con el tráfico de influencias. Por ello, fue absuelto de este cargo. La sentencia señala que es incierto quién ejerció presión sobre los responsables del proceso administrativo y cómo se materializó dicha influencia.
El tribunal desestimó el testimonio de cerca de 50 testigos que negaron cualquier irregularidad durante el procedimiento. Argumentaron que estos testigos eran altos cargos dentro de la Diputación y carecían de credibilidad para declarar contra sus superiores. David Sánchez ya ha manifestado su intención de apelar la decisión.
Aunque no hay pruebas contundentes, sí existen indicios suficientes para justificar la condena a nueve años como cooperador necesario en delitos cometidos por otros funcionarios implicados en su contratación. La sentencia establece que David Sánchez era consciente del amaño y participó activamente en él al dar apariencia legal al proceso mediante acciones como rellenar convocatorias y asistir a entrevistas.
María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE andaluz, defendió que no se presentaron pruebas concluyentes contra David Sánchez durante el juicio. Según ella, todos los presentes pudieron constatar la ausencia de evidencias claras sobre irregularidades en su contratación.
A pesar de ser inhabilitado, David Sánchez no tendrá que devolver los más de 340.000 euros percibidos entre 2017 y 2025 por su trabajo en la Diputación. Ni la Fiscalía ni la propia Diputación han solicitado dicha devolución; solo las acusaciones populares intentaron hacerlo sin éxito debido a falta de legitimación activa.
Además, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos relacionados con prevaricación administrativa. Otros nueve procesados han recibido penas similares durante un periodo también fijado en nueve años. Todos ellos fueron absueltos del delito de tráfico de influencias.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 9 | Años de inhabilitación para David Sánchez. |
| 18 | Años de inhabilitación para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. |
| 340,000 | Euros que David Sánchez ganó en la Diputación entre 2017 y 2025. |
| 50 | Número de testigos cuyo testimonio fue desechado por el Tribunal. |
David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por ser cooperador necesario de un delito de prevaricación.
No, la sentencia indica que no hay pruebas directas de tráfico de influencias, aunque sí se mencionan pruebas indiciarias.
La condena se basa en el hecho de que David Sánchez sabía que la plaza era para él y participó en el amaño del proceso, dando apariencia de legalidad a su contratación.
En su última declaración, David Sánchez negó tener capacidad o información sobre el procedimiento administrativo relacionado con su contratación.
No, la sentencia establece que no tiene que devolver los más de 340.000 euros que ganó entre 2017 y 2025, ya que ni la Fiscalía ni la Diputación solicitaron su devolución.
El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Otros nueve procesados también fueron inhabilitados durante nueve años.