La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez José Luis Calama que requiera a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial que autorizó el análisis de los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes. Esta solicitud se enmarca en una investigación donde se sugiere que Zapatero podría estar vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. El abogado argumenta que, si no existe tal autorización, las conversaciones analizadas deben ser excluidas del procedimiento, lo que podría llevar a un incidente de nulidad. La defensa cuestiona la legalidad del uso de estas pruebas y destaca la importancia de verificar si fueron obtenidas conforme a la ley, ya que esto afecta los derechos fundamentales relacionados con la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que requiera a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial motivada que autorizó el análisis de los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes. Este requerimiento es crucial en el contexto de una investigación que sugiere que el expresidente del Gobierno podría haber estado involucrado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, los abogados advierten que, en caso de no existir tal autorización, las conversaciones obtenidas deben ser excluidas del procedimiento. Esto podría acarrear consecuencias procesales significativas, incluyendo la posibilidad de promover un incidente de nulidad.
El abogado Víctor Moreno Catena menciona un disco duro denominado "crucial", que contiene conversaciones de Miguel Palomero, un abogado imputado en el caso, así como otras comunicaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros realizadas el 24 de octubre de 2024. Estas acciones se llevaron a cabo en respuesta a solicitudes de cooperación jurídica internacional provenientes de Francia y Suiza.
Según el letrado, dichas conversaciones han sido objeto de análisis en informes policiales elaborados por la UDEF y figuran en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2025. Esta denuncia dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado madrileño que inicialmente investigaba el caso Plus Ultra y posteriormente lo remitió a la Audiencia Nacional.
Moreno Catena subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional se basaba en un chat titulado "Danilo-España", donde se consideraba posible la existencia de una organización internacional dedicada al blanqueo de delitos cometidos en Venezuela y otros países. La defensa también señala que las conversaciones fueron analizadas durante diligencias preprocesales iniciadas por Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto aún estaba bajo investigación en Madrid.
El abogado enfatiza que el material digital fue intervenido con un propósito específico, relacionado con procedimientos legales en el extranjero, aunque luego fue utilizado para investigaciones internas distintas. Por ello, solicita formalmente una habilitación judicial para determinar si las pruebas fueron obtenidas regularmente.
La eventual irregularidad en el origen del material podría afectar todo el contenido derivado utilizado contra Zapatero. En este sentido, reclama a la Fiscalía que indique qué resolución judicial permitió a las fuerzas policiales analizar las comunicaciones privadas mencionadas y dónde se encuentra esta autorización dentro del complejo proceso judicial.
La defensa advierte que si no se obtuvo dicha autorización, las garantías esenciales del procedimiento podrían verse gravemente comprometidas. Esto implicaría una violación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, así como del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
Este caso es significativo dentro de una investigación más amplia donde los directivos de Plus Ultra han señalado a Zapatero como presunto "vértice" de una trama relacionada con tráfico de influencias a favor de la aerolínea, situación por la cual también están imputadas sus hijas.
La defensa de Zapatero cuestiona la legalidad de las pruebas en su contra.
La defensa ha pedido que el juez requiera a la Fiscalía Anticorrupción la resolución judicial que autorizó el análisis de los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes, argumentando que sin dicha autorización, las conversaciones deben ser excluidas del procedimiento.
Es crucial porque los directivos de Plus Ultra han señalado que Zapatero estuvo detrás del rescate de la aerolínea. La defensa está cuestionando la legalidad del uso de las pruebas obtenidas a partir de esos dispositivos.
Si no existe tal autorización, se verían vulnerados derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la intimidad, lo que podría llevar a un incidente de nulidad en el procedimiento.
Se está cuestionando un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones privadas y otros datos relacionados con el caso, así como su origen y cómo fueron obtenidos.
El objetivo es asegurarse de que todas las pruebas sean consideradas válidas y obtenidas legalmente, lo cual es fundamental para proteger los derechos del acusado y asegurar un proceso justo.
