La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido el respaldo de Bruselas tras el anuncio de un expediente sancionador contra España por el Real Decreto 933/2021, que regula el registro de viajeros. CEHAT exige la derogación inmediata de esta normativa, argumentando que vulnera derechos europeos y es inaplicable en su forma actual. El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, critica la falta de diálogo del Ministerio del Interior y propone una mesa de discusión para encontrar soluciones tecnológicas que respeten la privacidad y los derechos fundamentales. La Comisión Europea considera que la norma impone una carga desproporcionada y recopila datos de manera indiscriminada, lo que contraviene principios clave de protección de datos.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha solicitado la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, que regula el registro de viajeros, y ha demandado la creación urgente de una mesa de diálogo que incluya a todos los actores involucrados. Esta normativa, según CEHAT, fue elaborada sin tener en cuenta las necesidades del sector turístico y su legalidad ha estado bajo cuestionamiento durante años.
El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, expresó su preocupación por la ruptura de confianza entre el Ministerio del Interior y el sector turístico. Marichal subrayó la necesidad de un cambio legislativo significativo para abordar esta problemática.
La Comisión Europea anunció recientemente la apertura de un expediente sancionador contra España, argumentando que el Real Decreto 933/2021 infringe las normas sobre protección de datos. La decisión no sorprendió a CEHAT, que considera que este procedimiento formal era predecible y representa una advertencia que ya había sido anticipada por la patronal.
Desde 2022, CEHAT ha liderado las críticas al Real Decreto junto con otros sectores afectados como agencias de viajes y plataformas de alquiler. Este reglamento impone la obligación de registrar y enviar masivamente datos personales de los viajeros, lo que fue diseñado sin consultar adecuadamente a quienes operan en el ámbito turístico.
CEHAT sostiene que el expediente europeo respalda su postura frente a un reglamento inaplicable. Desde su implementación, han señalado varios defectos estructurales en el RD 933/2021:
El pliego de cargos presentado por Bruselas se basa precisamente en los argumentos que CEHAT ha defendido ante instancias europeas junto con otras organizaciones representativas del sector. La legislación comunitaria exige minimizar la recopilación de datos, mientras que el sistema español requiere conservar información durante tres años, lo cual es considerado desproporcionado por las autoridades europeas.
Para entender este caso es esencial considerar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente aquellas relacionadas con el intercambio de datos entre aerolíneas. El TJUE ha establecido que la transferencia masiva de datos personales no puede ser una práctica habitual y debe limitarse a situaciones específicas donde existan sospechas reales sobre actividades criminales o amenazas terroristas. El Real Decreto 933/2021 contradice esta doctrina al someter indiscriminadamente los datos personales de millones de turistas al control estatal.
Compromiso con la seguridad y necesidad de diálogo
CEHAT también desea reconocer públicamente el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La patronal reafirma su disposición a colaborar estrechamente con estas instituciones para mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, enfatiza que esta seguridad no debe lograrse vulnerando derechos fundamentales o imponiendo cargas ilegales sobre las empresas.
A raíz de esto, CEHAT reitera su demanda para derogar el Real Decreto 933/2021 y establecer una mesa de diálogo constructivo con todos los implicados. La confederación se ofrece al Ministerio del Interior para desarrollar un sistema alternativo basado en tecnologías avanzadas que garantice tanto la eficacia policial como el respeto a la privacidad individual y al derecho comunitario a la libre circulación dentro de Europa.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, ha calificado esta situación como crítica e insiste en que es imperativo rectificar rápidamente: "La seguridad es fundamental para España. Agradecemos profundamente el esfuerzo diario de miles de servidores públicos dedicados a ella. Sin embargo, criticamos al Ministerio del Interior por haber socavado nuestra relación basada en confianza. Las preocupaciones sobre privacidad expresadas por los viajeros y el desprecio hacia las normativas europeas han creado un problema innecesario. Este expediente europeo debería impulsar un cambio radical en nuestra legislación para construir juntos una España más segura."
CEHAT exige la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura urgente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados.
CEHAT argumenta que el Real Decreto fue diseñado a espaldas del sector turístico, desconoce la operativa real de los establecimientos y crea una carga burocrática excesiva, además de vulnerar la normativa europea sobre protección de datos.
Los problemas incluyen el desconocimiento de la operativa del sector, asfixia burocrática, riesgos de ciberseguridad y vulneración de la normativa europea en materia de protección de datos.
La Comisión Europea ha fundamentado su expediente sancionador en que el RD 933/2021 impone la conservación de datos excesivos durante tres años, lo cual es considerado desproporcionado y contrario a los principios europeos de minimización de datos.
El TJUE ha establecido que la transferencia masiva de datos personales no puede ser sistemática y debe restringirse a situaciones específicas justificadas por sospechas reales de criminalidad grave o amenazas terroristas concretas.
CEHAT reconoce y agradece explícitamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero enfatiza que la seguridad no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales ni imponer cargas ilegales a las empresas.