La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal en la operación "Krippy", que operaba como un negocio de growshop pero en realidad suministraba material para cultivos ilegales de marihuana a gran escala. Cuatro personas han sido detenidas y dos más están bajo investigación, con dos de los arrestados encarcelados por ser líderes del grupo. Se realizaron trece registros en Tarragona y Granada, incautando 240.000 euros en efectivo, vehículos y documentación relevante. La investigación reveló una estructura jerárquica que operaba con doble contabilidad y ventas directas a organizaciones criminales, generando ingresos ilícitos significativos. Además, la organización tenía una filial en Alemania que facilitaba su operativa a nivel europeo.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo la operación “Krippy”, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada a proveer material para el cultivo de marihuana a gran escala. Este grupo operaba bajo la fachada de una empresa de venta de productos de growshop, pero su verdadero objetivo era suministrar todo lo necesario para la instalación y mantenimiento de plantaciones ilegales.
En total, se han detenido a cuatro personas y dos más están siendo investigadas. Dos de los detenidos han sido encarcelados por ser considerados los líderes de esta red delictiva. Además, las autoridades han ordenado el cese de las actividades comerciales relacionadas y han bloqueado cuentas bancarias y bienes valorados en aproximadamente 800.000 euros.
Las fuerzas del orden realizaron trece registros, doce de ellos en la provincia de Tarragona, abarcando localidades como Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort, mientras que uno se llevó a cabo en Peligros, Granada. Durante estos operativos, se confiscaron 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un turismo y una motocicleta), así como material tecnológico y documentación relevante para la investigación.
La operación ha revelado que las empresas implicadas no solo vendían productos individuales, sino que ofrecían un servicio integral que incluía todos los elementos necesarios para establecer cultivos ilegales: iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilizantes y control ambiental. Esto facilitó enormemente la creación y mantenimiento de estas plantaciones clandestinas.
La estructura del grupo era jerárquica, con un núcleo directivo encargado de tomar decisiones estratégicas y coordinar las distintas sedes operativas. Las empresas estaban distribuidas por diversas regiones del país y funcionaban con discreción, evitando cualquier actividad comercial visible al público. Su modus operandi consistía en operar a puerta cerrada salvo en ocasiones específicas para carga y descarga.
A pesar de aparentar ser entidades independientes, estas sociedades funcionaban como una única organización coordinada que compartía recursos logísticos y comerciales. Aunque su actividad oficial era la venta mayorista a otros establecimientos, también realizaban ventas directas a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, lo cual les proporcionaba mayores márgenes económicos.
Los investigadores han documentado la existencia de una doble contabilidad: una oficial presentada ante las autoridades fiscales y otra paralela relacionada con ingresos provenientes de operaciones ilícitas. Esta última contabilizaba aproximadamente 13 millones de euros que eran redistribuidos dentro del entramado para cubrir pagos a proveedores y gastos personales.
Durante el periodo analizado, las cuentas bancarias asociadas a los principales responsables mostraron movimientos superiores a 80 millones de euros, mientras que sus declaraciones económicas oficiales apenas alcanzaban los 15 millones. La organización también tenía una filial en Alemania que replicaba el mismo esquema delictivo, ampliando así su alcance a nivel europeo.
Para proteger la identidad de sus clientes —muchos relacionados con grandes plantaciones— implementaron estrategias como entregas indirectas y ocultación de direcciones finales mediante intermediarios. Los miembros del grupo eran plenamente conscientes del destino ilícito del material que distribuían e intervenían activamente en toda la cadena logística.
El operativo contó con la participación activa de varias unidades policiales tanto de la Guardia Civil como de los Mossos d’Esquadra, incluyendo agentes especializados en investigación criminal y seguridad ciudadana.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800,000 euros | Valor del patrimonio bloqueado |
| 240,000 euros | Efectivo intervenido |
| 4 | Número de vehículos intervenidos |
| 13 millones de euros | Capital de la contabilidad paralela |
| 80 millones de euros | Movimientos de capital en cuentas bancarias vinculadas a los responsables |
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra desarticularon una organización criminal en el marco de la operación “Krippy”, que operaba bajo una trama empresarial dedicada a la venta de productos de growshop, pero que realmente suministraba material para plantaciones de marihuana a gran escala.
Cuatro personas fueron detenidas y dos más están siendo investigadas. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por ser los máximos responsables de la organización criminal.
Se realizaron trece entradas y registros, donde se intervinieron 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, material tecnológico y documentación relevante para la investigación.
La organización tenía una estructura jerárquica con un núcleo directivo que coordinaba distintas sedes. Operaban de manera discreta y compartían recursos logísticos y comerciales, funcionando como una única estructura empresarial a pesar de parecer independientes.
La contabilidad paralela vinculada a las ventas ilícitas ascendía aproximadamente a 13 millones de euros, mientras que las cuentas bancarias registraron movimientos por más de 80 millones de euros durante el periodo investigado.
Implementaban sistemas para preservar la identidad de sus clientes, incluyendo entregas indirectas y uso de intermediarios para recibir mercancías. Los empleados eran conscientes del destino ilícito del material suministrado.