La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel a quienes realicen estas prácticas, consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, se insiste en que aún persisten situaciones de violencia y tortura contra este colectivo. La federación también ha liderado una Iniciativa Ciudadana Europea para prohibir estas prácticas en toda la UE, evidenciando un fuerte apoyo social. Se espera que la votación en la Comisión de Igualdad se realice pronto para avanzar hacia una mayor protección de los derechos LGTBI+.
La Ley LGTBI+ prohíbe las pseudoterapias, pero se busca su penalización
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado entre los partidos políticos respecto al texto definitivo de la Ley que busca prohibir penalmente las prácticas de conversión. La organización insta a la Comisión de Igualdad a llevar a cabo la votación lo antes posible para que el Congreso pueda ratificar esta medida, un paso crucial en la protección de las víctimas.
Si bien la Ley LGTBI+ de 2023 ya prohíbe estas pseudoterapias desde una perspectiva administrativa, en junio de 2025 se admitió a trámite una proposición para tipificarlas como delito. Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, enfatiza que “la modificación del Código Penal es esencial debido al respaldo financiero que reciben muchas organizaciones que promueven estas prácticas por parte de fundaciones privadas y grupos eclesiales”.
Iglesias subraya que “en la actualidad, estas torturas solo conllevan sanciones económicas, lo cual permite que continúen operando”. Por ello, considera vital que las penas incluyan cárcel, antecedentes penales y la inhabilitación para quienes lleven a cabo tales actos.
El nuevo artículo propuesto en el Código Penal (173 bis) establece penas de entre seis meses y dos años de prisión para aquellos que utilicen métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual o identidad de género. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha instado a su prohibición global. Asimismo, la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) ha advertido sobre los graves daños psicológicos que pueden causar estas intervenciones.
Iglesias señala que “a pesar de que ILGA ha reconocido a España como líder en el respeto a los derechos LGTBI+, esto no debe llevarnos a la complacencia”. La presidenta advierte que ocupar esta posición no implica haber alcanzado una igualdad plena. “No podemos permitir que en el país más respetuoso con la diversidad LGTBI+ se sigan cometiendo actos de tortura contra personas del colectivo sin consecuencias”, afirma.
“Esperamos que el Congreso ratifique esta aprobación lo antes posible y así avanzar hacia una verdadera igualdad. Anhelamos salir a celebrar este Orgullo con logros tangibles y resaltar la importancia de medidas que nos protejan del odio organizado”, concluye.
La FELGTBI+, junto con otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, recogió más de un millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) destinada a solicitar a la Comisión Europea la prohibición definitiva de las prácticas de conversión en todos los Estados miembros. Iglesias destaca el éxito rotundo en cuanto a participación ciudadana y apoyo recibido por 11 Estados miembros.
A pesar del rechazo por parte de la Comisión Europea para crear legislación vinculante sobre este tema y su anuncio de adoptar una Recomendación oficial en 2027, Iglesias sostiene: “Esta acción nos ha permitido conocer el sentir ciudadano tanto en Europa como en España. Ahora exigimos un compromiso político que responda a esta demanda social. Cuando hay apoyo popular, solo falta voluntad política; España ha demostrado ser un líder en derechos sociales en múltiples ocasiones”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6 meses | Mínimo de prisión propuesto para prácticas de conversión |
| 2 años | Máximo de prisión propuesto para prácticas de conversión |
| 1 millón | Número de firmas recopiladas para la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) |
| 11 Estados miembros | Apoyo recibido por la iniciativa en cuanto a participación ciudadana |
La Ley LGTBI+ ya prohíbe administrativamente las prácticas de conversión, que son consideradas pseudoterapias.
La proposición de ley busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, introduciendo un nuevo artículo en el Código Penal que castigue estas acciones con penas de prisión.
Es fundamental porque actualmente estas prácticas solo se sancionan con multas, lo que permite que continúen. La modificación busca imponer penas más severas, incluyendo cárcel y antecedentes penales.
La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha solicitado su prohibición global a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Estas prácticas generan daños psicológicos severos, incluso cuando hay consentimiento, debido a la presión social y el ambiente hostil en el que viven las víctimas.
A pesar de ser considerado un país líder en derechos LGTBI+, se sigue permitiendo que personas sean sometidas a torturas relacionadas con su orientación sexual o identidad de género.
La iniciativa logró más de un millón de firmas y recabó apoyo de 11 Estados miembros, pero la Comisión Europea se negó a crear una legislación vinculante al respecto.
Piden un compromiso político que responda a la demanda social para prohibir las prácticas de conversión y avanzar hacia una igualdad real en derechos para el colectivo LGTBI+.