El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado un nuevo protocolo para implementar y evaluar la accesibilidad en toda la Administración General del Estado. Esta iniciativa, parte del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, busca integrar la accesibilidad en la gestión interna y externa de todos los ministerios. El protocolo permitirá a las unidades autoevaluar su grado de accesibilidad en seis áreas clave, identificando carencias y promoviendo mejoras. Con este documento, se pretende garantizar la inclusión social y autonomía de las personas con discapacidad, convirtiendo la accesibilidad en un elemento esencial de los servicios públicos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado un nuevo protocolo destinado a integrar y evaluar la accesibilidad en todos los ministerios de la Administración General del Estado (AGE). Esta herramienta, que forma parte del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, tiene como objetivo garantizar que la accesibilidad se convierta en una prioridad en la gestión tanto interna como externa de las instituciones públicas.
El protocolo permitirá a las diferentes unidades de la AGE realizar autoevaluaciones periódicas sobre su nivel de accesibilidad. Para ello, se ha diseñado un listado de comprobación que abarca seis ámbitos clave: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía. La finalidad es detectar deficiencias y activar mejoras que promuevan una administración pública más inclusiva.
La presentación del protocolo tuvo lugar en la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, donde participan varios departamentos ministeriales así como el CERMI, que representa a las personas con discapacidad y sus familias. Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que este protocolo responde al mandato constitucional de los poderes públicos para fomentar políticas que aseguren la autonomía personal y la inclusión social en entornos accesibles.
Martín subrayó que “ya no hay excusas para no eliminar barreras”, ya que el documento proporciona las pautas necesarias para identificar problemas y abordar mejoras concretas. El protocolo también evalúa aspectos como si los procesos selectivos incluyen adaptaciones para personas con discapacidad o si los edificios y servicios son accesibles.
Aparte de diagnosticar problemas existentes, el protocolo ofrece orientaciones prácticas y medidas específicas para corregirlos. Cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento de acciones relacionadas con la accesibilidad debe motivar a implementar mejoras continuas en toda la Administración.
Este enfoque integral considera la accesibilidad universal como un beneficio no solo para las personas con discapacidad, sino también para personas mayores, aquellas en situación de dependencia, quienes tienen dificultades de comprensión o comunicación, así como quienes enfrentan limitaciones temporales.
Con esta iniciativa, el Gobierno avanza en el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal y establece la accesibilidad como un elemento esencial en la calidad de los servicios públicos. Este documento busca ejecutar una medida específica del plan que propone diseñar un protocolo coordinador sobre accesibilidad universal en cada ministerio.
El ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’ ha sido impulsado por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, con apoyo técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad. Además, ha contado con la colaboración activa de numerosos ministerios a través de grupos especializados.
Para acceder al documento completo del protocolo se puede consultar este enlace.
Es una herramienta diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de ministerios y organismos públicos, permitiendo a las distintas unidades autoevaluar su grado de accesibilidad.
El protocolo aborda seis grandes ámbitos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía.
El objetivo es identificar carencias en accesibilidad y activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana.
Además de diagnosticar problemas, ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregirlos, promoviendo mejoras progresivas en los niveles de accesibilidad.
La accesibilidad universal beneficia tanto a personas con discapacidad como a personas mayores, en situación de dependencia, aquellas con dificultades de comprensión y comunicación, o quienes enfrentan limitaciones temporales.
La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, con asesoramiento técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad, y contó con la participación de varios ministerios a través de grupos de trabajo especializados.