El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros. Esta declaración, presentada en el marco del Día Internacional contra la LGTBIfobia, destaca los avances en derechos LGTBI en España y la necesidad de seguir luchando contra la violencia y discriminación hacia este colectivo. A pesar de ser un referente en derechos LGTBI, se señalan preocupantes aumentos en la violencia y los discursos de odio, así como desigualdades laborales que afectan a las personas LGTBI+. El Gobierno se compromete a continuar trabajando tanto a nivel nacional como internacional para erradicar estas violencias y promover políticas inclusivas.
El Consejo de Ministras y Ministros, bajo la iniciativa de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y con la participación de otros altos funcionarios como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una declaración institucional en conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Esta fecha se celebra cada 17 de mayo desde 2004 y representa un firme compromiso del Gobierno español hacia la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
En su declaración, el Gobierno destaca que España se posiciona como un modelo a seguir en términos de derechos LGTBI, respaldado por diversos estudios que evidencian su reputación como una sociedad inclusiva y respetuosa. Se hace hincapié en los avances legislativos significativos, como la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y otras políticas públicas que han contribuido al desarrollo del Servicio 028 Arcoíris, destinado a ofrecer información y atención integral sobre derechos LGTBI.
La declaración también aborda preocupantes estadísticas que subrayan la urgencia de continuar luchando por los derechos del colectivo LGTBI+. Según datos de 2024 proporcionados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), dos tercios de las personas LGTBI+ consideran que los prejuicios han aumentado en los últimos años, mientras que tres cuartas partes perciben un incremento en la violencia hacia este grupo.
Asimismo, se menciona el alarmante crecimiento de discursos de odio dirigidos a estos colectivos, especialmente a través de plataformas digitales. Un informe de ILGA Europe revela que entre 2019 y 2022, el discurso anti-LGTBI online creció un 130 % en España. La FRA también señala que tres cuartas partes de las personas LGTBI+ han sido testigos en el último año de incitaciones a la violencia o contenidos despectivos en redes sociales. Además, según el Ministerio del Interior, los delitos motivados por orientación sexual e identidad de género han aumentado un 1,15 % respecto al año anterior y un 15 % comparado con 2022.
El texto aprobado enfatiza que estas cifras representan solo “la punta del iceberg” respecto a las violencias sufridas por las personas LGTBI+, ya que reflejan únicamente aquellos casos denunciados. La FRA indica que el 12 % del colectivo ha sufrido agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años; esta cifra asciende al 27 % entre mujeres trans y al 21 % para hombres trans y personas no binarias. Solo un 14 % de quienes sufrieron agresiones decidieron presentar denuncia ante las autoridades competentes.
En el ámbito laboral, se resalta que solo el 32 % de las personas LGTBI+ se sienten cómodas mostrando abiertamente su orientación sexual o identidad de género en sus lugares de trabajo. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela además que este colectivo enfrenta un 7 % menos posibilidades de conseguir empleo y percibe ingresos medios un 4 % inferiores a los del resto de la población.
La declaración reafirma el compromiso del Gobierno español con políticas inclusivas a nivel internacional, recordando que más de 60 países aún vulneran los derechos LGTBI mediante legislaciones punitivas. En este contexto, se destaca que el 17,29 % del total de solicitudes de asilo concedidas en España durante 2025 fueron motivadas por razones relacionadas con orientación sexual o identidad sexual.
Finalmente, se reitera el compromiso continuo del país para avanzar en la defensa de los derechos LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional. España lidera actualmente el Rainbow Map elaborado por ILGA-Europe, una clasificación que evalúa las políticas y legislaciones sobre derechos LGTBI+ en Europa.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2 de cada 3 | Personas LGTBI+ que consideran que los prejuicios y la intolerancia han aumentado. |
| 3 de cada 4 | Personas LGTBI+ que perciben un aumento de la violencia hacia el colectivo. |
| 130% | Aumento del discurso de odio online anti-LGTBI en España entre 2019 y 2022. |
| 12% | Porcentaje de personas LGTBI+ en España que han sido agredidas física o sexualmente en los últimos 5 años. |
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, defendiendo sus derechos a nivel nacional e internacional, especialmente en el contexto del Día Internacional contra la LGTBIfobia.
Se señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia han aumentado, y tres de cada cuatro perciben un incremento en la violencia. Además, el discurso de odio online anti-LGTBI creció un 130 % entre 2019 y 2022.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica que el 12 % de las personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos cinco años, con cifras aún más altas para mujeres trans y otros grupos.
El 32 % de las personas LGTBI+ ocultan su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Además, tienen un 7 % menos de posibilidades de encontrar empleo y unos ingresos medios un 4 % más bajos que el resto de la población.
Se han aprobado estrategias como la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación (2025-2028) y políticas públicas para garantizar atención integral a víctimas de violencia y discriminación.
España se compromete a defender los derechos LGTBI+ a nivel internacional, reconociendo que más de 60 países tienen legislaciones punitivas contra estos derechos, incluyendo penas severas.