La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que extorsionó a más de 500 víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, resultó en la detención de 40 personas y la liberación de tres mujeres víctimas de trata. Los delincuentes publicaban anuncios en páginas de citas y, tras establecer contacto, amenazaban a las víctimas con exigir pagos de hasta 5.000 euros. Además, se realizaron registros en Valencia y Fuerteventura, donde se incautaron marihuana, armas y dinero en efectivo. La investigación reveló un sistema estructurado de explotación sexual y blanqueo de capitales vinculado a peleas ilegales de gallos.
La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la detención de 40 individuos pertenecientes a dos organizaciones criminales. Una de ellas se dedicaba a la extorsión mediante amenazas, mientras que la otra estaba implicada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las acciones se desarrollaron en Valencia y Fuerteventura, donde se realizaron nueve registros domiciliarios que permitieron incautar tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas y 3.600 euros en efectivo. Además, se logró la liberación de tres mujeres víctimas de esta red delictiva.
La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón y comenzó en mayo de 2025 tras recibir una denuncia de una víctima que había solicitado servicios sexuales a través de internet. Posteriormente, recibió una llamada intimidatoria de un individuo que se hacía pasar por el jefe del club al que había contactado. Este le exigió el pago inmediato de aproximadamente 5.000 euros bajo amenazas y un discurso coercitivo.
A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores identificaron alrededor de 80 denuncias con patrones similares en toda España. Se determinó que el núcleo operativo de la organización se encontraba en Valencia, desde donde gestionaban tanto la captación como las comunicaciones amenazantes hacia las víctimas.
El modus operandi consistía en publicar anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas páginas web. Una vez establecido el contacto telefónico, los delincuentes convencían a sus víctimas de que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con los encargados de seguridad por no asistir a las citas o por haber faltado al respeto a las trabajadoras. Utilizaban el miedo y la vergüenza como herramientas para presionar a las víctimas a pagar sumas significativas.
Este entramado también tenía vínculos con una pareja asentada en Fuerteventura, quienes explotaban sexualmente a mujeres atraídas mediante falsas ofertas laborales publicadas en redes sociales y portales de contactos. Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas bajo condiciones abusivas, sufriendo control constante sobre sus movimientos y dependencia total de sus captores.
Los investigadores confirmaron un sistema estructurado de explotación, caracterizado por una rotación continua de mujeres en situación administrativa irregular y altos beneficios económicos para los explotadores. Se estableció además un acuerdo entre ambas organizaciones: el grupo canario proporcionaba información sobre sus clientes a cambio de 50 euros por cada uno.
En la cúspide del entramado se encontraban los líderes responsables de administrar y distribuir los beneficios obtenidos, así como renovar los anuncios y ejecutar las amenazas. A continuación estaban los reclutadores encargados de captar nuevas "mulas", quienes facilitaban su documentación para abrir cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas para recibir pagos provenientes de las extorsiones.
La organización mostraba un alto nivel operativo, utilizando métodos como el tráfico ilegal de drogas y peleas clandestinas para blanquear sus ganancias. Los miembros adoptaban medidas para proteger su identidad, empleando intermediarios y rotando constantemente sus líneas telefónicas.
Durante la fase final del operativo en Valencia, se llevaron a cabo ocho registros donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones indoor de marihuana, así como otros elementos relacionados con actividades delictivas. En total, fueron detenidas 38 personas, con cinco ingresando en prisión provisional acusados de extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales y otros delitos graves.
Asimismo, un registro realizado en un piso-prostíbulo permitió la incautación de cuatro teléfonos utilizados para publicidad y comunicación con clientes, junto con 1.600 euros en efectivo y documentación relevante. Dos personas fueron arrestadas durante esta operación adicional y también enfrentan cargos relacionados con trata de seres humanos y favorecimiento a la inmigración irregular.
A través de estas acciones coordinadas, la Policía Nacional ha logrado desarticular una compleja red criminal que afectaba gravemente a numerosas víctimas en todo el país.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 500 | Víctimas coaccionadas por la organización criminal. |
| 38 | Personas detenidas durante la operación. |
| 9 | Registros domiciliarios realizados (8 en Valencia y 1 en Fuerteventura). |
| 3 | Mujeres liberadas de la trata de seres humanos. |
| 11 | Gallos de peleas intervenidos. |
| 2 | Armas cortas de fuego incautadas. |
| 3,600 | Euros intervenidos durante los registros. |
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a la extorsión y a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Publicaban anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en páginas de citas y, tras establecer contacto, comenzaban a extorsionar a las víctimas haciéndose pasar por el jefe del club, exigiendo pagos bajo amenazas.
Se detuvieron a 38 personas relacionadas con los delitos de extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal, entre otros.
Se realizaron nueve registros donde se liberaron a tres mujeres y se incautaron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas y una suma de dinero en efectivo.
Las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales y anuncios en redes sociales, siendo luego sometidas a condiciones abusivas y control total por parte de sus explotadores.
A los detenidos se les imputa extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y maltrato animal, entre otros.
Los principales miembros adoptaban medidas como el uso de intermediarios y rotación de líneas telefónicas para dificultar su identificación y localización.