Ecologistes en Acció de Catalunya y Greenpeace han criticado el reciente simulacro nuclear en Ascó y Vandellòs, calificándolo de insuficiente ante años de incumplimientos legales en seguridad nuclear. Un informe revela que el 58% de los municipios en zonas de emergencia nuclear no tiene actualizado su Plan Municipal de Actuación. Las organizaciones exigen un cumplimiento riguroso de la normativa vigente, que incluye simulacros generales y formación para la población afectada. Además, advierten sobre los riesgos de prolongar la vida útil de las centrales nucleares, demandando una transición energética hacia fuentes renovables.
Simulacro nuclear en Ascó y Vandellòs: insuficiencia y alarmantes incumplimientos
Las organizaciones Ecologistes en Acció de Catalunya y Greenpeace han expresado su preocupación ante el reciente simulacro realizado en la central nuclear de Vandellòs II, señalando que un ejercicio parcial no puede sustituir los años de incumplimientos legales en materia de seguridad nuclear. Según datos proporcionados por la Síndica de Greuges, el 58% de los municipios situados en zona de emergencia nuclear carece de un Plan Municipal de Actuación ante Emergencias Nucleares actualizado.
Las organizaciones han exigido que se respete el calendario de cierre nuclear acordado y que se acelere la transición energética. Este miércoles, tras el simulacro, Protección Civil activó el sistema ES-Alert en trece municipios dentro del radio de diez kilómetros alrededor de Ascó. Aunque Ecologistes en Acció y Greenpeace valoran positivamente esta medida, advierten que estos simulacros son solo una parte superficial que no aborda las deficiencias estructurales acumuladas durante años.
A pesar de la normativa vigente, que incluye la Directiva 2014/87/Euratom y el Real Decreto 586/2020, las administraciones competentes no han cumplido con sus obligaciones legales. Esto incluye realizar simulacros generales cada tres años y parciales anuales, así como proporcionar formación adecuada a la población potencialmente afectada. La falta de actualización del Plan de Emergencia Nuclear Exterior (PENTA) desde 2009 es un claro ejemplo del incumplimiento.
Los datos son reveladores: un informe reciente indica que más del 58% de los municipios en zona de emergencia no tiene su plan actualizado. Mientras que los municipios más cercanos a las centrales cuentan con este documento, en otros casos hay alcaldes que ni siquiera son conscientes de su obligación legal al respecto. Además, las infraestructuras necesarias para una evacuación segura presentan graves deficiencias.
Representantes de las organizaciones han señalado que es preocupante que la subdelegada del Gobierno en Tarragona haya reconocido públicamente la falta de simulacros previos tras el informe de la Síndica. Esta situación ilustra un problema mayor: se actúa solo cuando es necesario y sin abordar los déficits estructurales acumulados durante años.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció y Greenpeace han presentado requerimientos formales a los ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares, así como al Delegado del Gobierno en Catalunya y otras autoridades pertinentes, exigiendo el cumplimiento inmediato del marco legal vigente.
El reciente simulacro ocurre en un contexto donde la industria nuclear presiona para extender la vida útil de los reactores más allá de los 40 años previstos. Ambas organizaciones advierten que prolongar el ciclo nuclear incrementa riesgos ambientales y sociales, genera residuos radiactivos adicionales y perpetúa un modelo energético costoso e innecesario.
A finales del año pasado, lanzaron conjuntamente una campaña titulada «¿Alargar las nucleares? No, gracias», que busca concienciar sobre estos problemas tanto en Cataluña como en el resto del Estado español.
No hay justificación técnica o económica para extender la vida útil de los reactores nucleares. Las energías renovables han demostrado ser capaces de satisfacer la demanda energética actual sin comprometer la seguridad del suministro. Por lo tanto, es esencial avanzar hacia una transición energética ordenada que incluya inversiones necesarias en energías renovables, almacenamiento y redes eléctricas.
La conclusión es clara: cumplir con los plazos establecidos para el cierre nuclear es fundamental para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas y evitar decisiones que puedan impactar negativamente en sus vidas y territorios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 58% | Porcentaje de municipios en zona de emergencia nuclear que no tiene el Plan Municipal de Actuación ante Emergencias Nucleares actualizado. |
| 10 km | Radio alrededor de la central nuclear de Ascó donde se activa el sistema ES-Alert. |
| 2009 | Año desde el cual no se ha renovado el Plan de Emergencia Nuclear Exterior (PENTA). |
| 40 años | Vida útil prevista para los reactores nucleares que la industria quiere prolongar. |
Advierten que un simulacro parcial no puede sustituir años de incumplimientos legales en materia de seguridad nuclear.
El 58% de los municipios en esta zona no tiene el Plan Municipal de Actuación ante Emergencias Nucleares actualizado, según la Síndica de Greuges.
Exigen que se respeten los plazos establecidos para simulacros, formación teórica y práctica, provisión y mantenimiento de recursos, e información actualizada a la ciudadanía.
Se han encontrado carencias graves, como cortes en carreteras importantes que dificultan la evacuación.
Aseguran que alargar el ciclo nuclear incrementa riesgos ambientales y sociales y perpetúa un modelo energético peligroso e innecesario.
Sostienen que este cierre es compatible con la seguridad del suministro energético si se acompaña de inversiones necesarias en energías renovables y almacenamiento.