El Salvador está llevando a cabo un megajuicio contra casi 500 miembros de la mara Salvatrucha, acusados de haber cometido 47.000 delitos, incluyendo homicidios y feminicidios. Este macrojuicio se realiza en una prisión de máxima seguridad, donde los acusados son exhibidos por videollamada. A pesar de las acusaciones, Amnistía Internacional denuncia que muchos de los detenidos lo fueron sin pruebas ni garantías procesales, lo que ha generado controversia sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el país. La política de represión del presidente Nayib Bukele busca recuperar la seguridad tras una ola de violencia pandillera en 2022, pero ha sido criticada por su falta de respeto a la Constitución salvadoreña.
Cerca de 500 individuos se encuentran en el banquillo de los acusados en un macrojuicio en El Salvador dirigido contra la temida mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. En una prisión, 486 personas enfrentan cargos por ser miembros de esta pandilla y están acusadas de haber cometido un total de 47.000 delitos, mientras que diversas organizaciones humanitarias alertan sobre detenciones realizadas sin pruebas suficientes.
El presidente Nayib Bukele ha optado por convertir este juicio en un espectáculo mediático, transmitido desde una cárcel de máxima seguridad. Los acusados, con grilletes y a través de videollamadas, son testigos del proceso judicial que se desarrolla simultáneamente.
Los procesados son señalados como líderes y cabecillas de la mara Salvatrucha, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. Sus actividades abarcan desde el narcotráfico hasta el contrabando de armas, así como secuestros, robos y asesinatos. Se les imputan delitos graves que incluyen homicidios, feminicidios y desapariciones.
Bukele prometió restaurar la seguridad en el país tras la alarmante ola de violencia pandillera de 2022, pero su estrategia ha incluido medidas represivas que vulneran la Constitución y las leyes salvadoreñas, amparándose en un estado de excepción declarado.
A pesar de que muchos acusados llevan tatuajes que identifican su pertenencia al grupo, Amnistía Internacional ha denunciado que una gran parte fue detenida sin pruebas ni garantías procesales, lo que pone en entredicho la legalidad del proceso y sugiere que estas acciones responden a una política de cuotas en los arrestos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 486 | Número de personas juzgadas en el macrojuicio |
| 47,000 | Número total de delitos acusados a los miembros de la mara Salvatrucha |
| 2022 | Año de la ola de violencia pandillera mencionada |
Es un juicio masivo contra casi 500 miembros de la mara Salvatrucha, donde se les acusa de haber cometido 47.000 delitos, incluyendo homicidios y feminicidios.
Amnistía Internacional ha denunciado que muchos de los acusados fueron detenidos sin pruebas ni garantías procesales, lo que plantea serias preocupaciones sobre el debido proceso.
El presidente Nayib Bukele ha implementado una dura política de represión para combatir la violencia pandillera, a menudo pasando por encima de la Constitución y las leyes salvadoreñas.
Bukele prometió recuperar la seguridad del país tras una ola de violencia en 2022, pero sus métodos han sido criticados por su enfoque represivo y violaciones a los derechos humanos.