El Ministerio de Cultura de España ha enviado a la justicia la resolución para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, fundamentada en informes que indican que esta organización realiza actividades contrarias a la ley, incluyendo apología del franquismo y humillación a las víctimas de la dictadura. El ministro Ernest Urtasun destacó que en una democracia no hay lugar para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas. Este proceso se inició hace casi dos años y culmina con un expediente que será evaluado por el poder judicial, quien tomará la decisión final sobre la extinción de la fundación.
El Ministerio de Cultura, liderado por el ministro Ernest Urtasun, ha dado un paso decisivo al firmar la resolución que permitirá a la Abogacía del Estado solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. Esta acción se basa en informes elaborados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que evidencian que las actividades de esta fundación son contrarias a la ley, incluyendo la apología del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura.
La resolución representa el cierre de un proceso que ha durado casi dos años, durante los cuales el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura ha estado investigando el cumplimiento legal de esta entidad. Este organismo estatal tiene como función garantizar que las fundaciones operen dentro del marco legal y, en caso contrario, instar a su extinción.
Según la Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, sobre Memoria Democrática, las fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a estos pueden ser objeto de extinción. En este contexto, se considera que cualquier actividad que glorifique el franquismo o menosprecie a las víctimas es contraria al interés general.
Urtasun ha subrayado: “Vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”. Además, enfatizó que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”.
El proceso comenzó en junio de 2024 cuando el Ministerio solicitó un informe a la Secretaría de Estado ante indicios del incumplimiento legal por parte de la fundación. En mayo de 2025, se presentó un informe exhaustivo junto con cuatro documentos adicionales, incluyendo análisis legales y testimonios de víctimas del franquismo.
Las conclusiones extraídas revelan que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo carece de fines de interés general, sino que sus actividades son abiertamente ilegales. Se documenta cómo esta fundación promueve una narrativa favorable al franquismo y deslegitima a las víctimas mediante un discurso negacionista.
El informe destaca cómo en su página web se glorifica tanto a Francisco Franco como a otros símbolos del régimen. Esto se realiza mediante comunicados institucionales que mezclan memoria familiar con nacionalismo festivo y mitificación bélica. Además, se evidencia un desprecio hacia las víctimas mediante estrategias deliberadas para ridiculizarlas.
A raíz de estos hallazgos, el Ministerio inició el procedimiento para solicitar la extinción judicial. Después del periodo en el cual la fundación pudo presentar alegaciones, se solicitó un informe final a la Abogacía del Estado. Este informe concluyó que los pasos dados son conformes a derecho y representa el último trámite antes de remitir el caso a instancias judiciales. La decisión final sobre la extinción recaerá en una autoridad judicial competente.
El Ministerio de Cultura ha trasladado a la justicia la resolución para instar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, fundamentándose en que esta fundación realiza actividades contrarias a la ley, como la apología del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura.
La decisión se basa en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que establece que las fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a dicho interés pueden ser objeto de extinción.
Los informes indican que la fundación realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, y humilla a las víctimas del franquismo, lo cual va en contra del interés general y vulnera la dignidad de estas víctimas.
El proceso comenzó en junio de 2024 con una solicitud al informe sobre el posible incumplimiento por parte de la Fundación. Se recopilaron varios documentos y testimonios que evidencian las actividades contrarias a la ley realizadas por la fundación.
La decisión sobre la extinción corresponde a la autoridad judicial tras recibir el expediente enviado por el Ministerio de Cultura y evaluarlo conforme a derecho.