El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación tras no solicitar la compatibilidad entre su cargo público y sus actividades privadas, especialmente la dirección de una televisión local. El juez ha concluido la investigación y ha ordenado continuar con el procedimiento abreviado, indicando que Jácome estaba obligado a pedir dicha compatibilidad. Se señala que su decisión de no hacerlo responde a intereses particulares y que podría haber recibido ingresos indebidos durante aproximadamente siete años. Además, se critica su interpretación favorable a sus intereses sobre la normativa vigente.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito continuado de prevaricación. La acusación se basa en su falta de solicitud de compatibilidad entre su cargo como regidor municipal con dedicación exclusiva y sus actividades profesionales, particularmente la dirección de una televisión local.
De acuerdo con el auto emitido por el magistrado del Tribunal de Instancia número uno de Ourense, la investigación ha llegado a su fin. El juez ha decidido continuar con la tramitación de las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado, para determinar si los hechos imputados constituyen efectivamente un delito según lo estipulado en el artículo 404 del Código Penal.
El auto señala que no se discute si el alcalde carece o no de la compatibilidad necesaria, sino que se cuestiona su decisión de no solicitarla a pesar de estar obligado a hacerlo. El juez subraya que es “claro y meridiano” que la dedicación exclusiva requiere una declaración formal de compatibilidad por parte del pleno del Ayuntamiento cuando el miembro realiza ocupaciones remuneradas.
En este contexto, el magistrado destaca que las actividades realizadas por Jácome fuera del Ayuntamiento, especialmente su papel al frente de Auria TV, le generan ingresos significativos. Por ello, considera evidente su obligación de solicitar dicha compatibilidad, concluyendo que su omisión responde a un “interés particular”.
El juez también critica la interpretación que hace el alcalde sobre sus obligaciones legales, calificándola como “no ajustada a la ley”. Esta interpretación individualizada favorece sus propios intereses y carece del respaldo legal necesario. La postura adoptada por Jácome es considerada arbitraria y sin fundamento jurídico.
Aparte de esto, el magistrado señala que el alcalde parece haber ignorado un acuerdo del pleno municipal del 3 de diciembre de 2021, que le instaba a renunciar a su salario municipal debido a incompatibilidades evidentes. También menciona un decreto emitido por la Fiscalía de Ourense en mayo de 2024, donde se le advertía sobre su situación irregular.
El magistrado argumenta que el único respaldo legal presentado por Jácome es un informe jurídico-económico “que carece del más mínimo rigor”. Además, resalta que era consciente del daño potencial a las arcas municipales al recibir un salario al que no tendría derecho sin la debida declaración de compatibilidad.
A partir de esta situación, se estima que el alcalde podría haberse beneficiado indebidamente durante aproximadamente siete años al recibir pagos públicos sin contar con la autorización correspondiente. Este escenario plantea serias dudas sobre la gestión ética y legal del regidor ourensano.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito continuado de prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad entre su cargo como regidor municipal con dedicación exclusiva y sus actividades profesionales, en particular la dirección de una televisión local.
El juez manifiesta que no se cuestiona que el alcalde carezca de la compatibilidad, sino que, estando obligado, no la haya solicitado. Considera que es evidente que las actividades que realiza fuera del Ayuntamiento le generan ingresos significativos.
La imputación puede llevar a la apertura de un juicio oral si se considera que los hechos son constitutivos de un delito, según lo tipificado en el artículo 404 del Código Penal. El juez ha ordenado continuar con las diligencias previas por procedimiento abreviado.
Si se determina que efectivamente cometió el delito de prevaricación, podría enfrentar sanciones legales y políticas, además de posibles repercusiones financieras debido a los ingresos percibidos sin la debida compatibilidad.
El magistrado señala que Jácome ignoró un acuerdo del pleno del Ayuntamiento que le instaba a renunciar a su sueldo por ser incompatible y también desestimó un decreto de la Fiscalía que le advertía sobre su situación irregular.